Como se sabe, Andrés Felipe Arias fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión por sus actuaciones en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que constituyeron los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El día que la magistrada ponente del fallo, María del Rosario González, leyó la parte resolutiva de la sentencia de 400 folios, el 3 de julio de ese año, no estuvieron presentes ni Arias, que ya se había ido para Estados Unidos, ni su abogado, Jorge Aníbal Gómez Gallego. Un aspecto importante es que la extensa sentencia reconoce que Arias no obtuvo beneficio económico alguno del manejo de AIS.
Eso se convirtió en uno de los argumentos de los afectos del uribismo para afirmar que la sentencia contra el exministro era desproporcionada, cundo no simplemente injusta. Y para probarlo comenzaron a comparar el caso de Arias con el de otros delincuentes que han robado más y han recibido penas menores.
Como un botón de prueba de lo anterior, este martes, José Manuel Acevedo escribe en su columna de El Tiempo, que titula ‘Saña’, que “lo de Arias es la utilización más baja de las herramientas jurídicas existentes en nuestro ordenamiento para saldar con saña una pelea entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, representado por Uribe en su momento”.
Acevedo no admite ninguna otra conclusión “si se comparan circunstancias mucho más graves que las que se le endilgan a Arias y recibieron un tratamiento penal más benévolo de la misma justicia”, y empieza por enumerar el caso de los responsables del desfalco de Foncolpuertos, a quienes “les impusieron penas que iban de los 4 a los 12 años”.
También recuerda los casos de Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, cerebro del carrusel de la contratación en Bogotá, a quien condenaron a 14 años; el de Armando Moncaleano, gerente del Inurbe, condenado a 16 años por el robo de subsidios de vivienda que se calculaba en 43.000 millones de pesos; y el de Emilio Tapias, a quien le impusieron una sanción igual a la de Arias (17 años). “¿Si eso no es saña, entonces qué es?”, se pregunta Acevedo.
Pero son estos planteamientos y ejemplos los que sirven de fondo, porque permiten un contraste, para la esclarecedora afirmación de Gloria H., que trae a colación el caso del exministro Fernando Botero, condenado por el Proceso 8.000.
“Una de las razones para su contundente condena [la de Botero] fue el papel y la formación que tenía como individuo social”, destaca Gloria H. en su columna del diario caleño. “No es lo mismo que robe un analfabeta a que lo haga un profesional. Pues bien, Andrés Felipe Arias no es ‘cualquier’ individuo: fue candidato a la Presidencia de Colombia”.
Y la columnista se asombra, como muchos, porque Arias, efectivamente, pudo haber sido el presidente de Colombia. “Era el ungido por Uribe y si no lo detiene la Justicia, habría sido un hombre cuya mentalidad de favorecer a los ‘suyos’, devolver prebendas a los que votaron por su Jefe, se habría convertido en el modus operandi de su gobierno. […] Como iba, era para sentarse en la silla presidencial y con su filosofía hacer lo que se le antojara”.
“Es posible que Arias haya cambiado porque los hechos lo han ‘tocado’. Ha vivido en carne propia lo que es el abuso del poder. Pero aún recuerdo su prepotencia y suficiencia en los días en que ejercía de candidato. Era aplastante”, escribe Gloria H. y cierra su columna así: “Hoy debe ser un hombre más humilde, cuestionándose actitudes, creencias y dependencias. […] Pero el telón de fondo tiene un interrogante contundente: ¿Por qué muchos de los acusados y comprometidos en actitudes dolosas, forman parte del mismo gobierno? ¿Obedecían órdenes? ¿Querían congraciarse con el jefe? ¿Coincidencia?”.
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