Johnson había intentado suspender la actividad de ese ente hasta los días previos al Brexit, tras lo cual se multiplicaron los llamados a su dimisión, y adicionalmente el morador del 10 de Downing Street trató de convencer a la reina Isabel II de que ese era el camino a seguir.
La decisión de “suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, afirmó la presidenta de la Corte Suprema, la jueza Brenda Hale, anunciado una decisión tomada unánimemente por los 11 magistrados del más alto tribunal.
La medida fue “nula y sin efecto”, agregó Hale, asegurando que por lo tanto “el parlamento no fue suspendido”.
En consecuencia los diputados volverán a ser convocados el miércoles por la mañana, anunció poco después el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un “ultraje constitucional”.
Y cuanto se reúnan de nuevo los legisladores, se anuncian complicaciones para el controvertido primer ministro, en el poder desde finales de julio.
“Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir”, afirmó el diputado nacionalista escocés Ian Blackford, mientras a las puertas de la Corte Suprema un grupo de manifestantes coreaba “¡Johnson fuera, Johnson fuera!”.
También desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton, el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar.
El controvertido Johnson, que se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, recibe así un nuevo golpe, tras los duros reveses recibidos en las últimas semanas.
Antes de la suspensión parlamentaria, sufrió una rebelión entre los diputados conservadores, perdió la mayoría absoluta, vio aprobada una ley que le obligaría a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit y denegada su propuesta de elecciones anticipadas para salir del bloqueo.
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