Un grupo de congresistas había acusado al gobernante de “incapacidad moral” y pedía su destitución luego de que el pasado 10 de septiembre se difundieran tres audios que supuestamente revelaban que había ocultado o mentido sobre su participación en la contratación de un histriónico cantante en el Ministerio de Cultura.

Este viernes, tras un crispado debate de unas 10 horas, en el que incluso un legislador opositor deseó que en el futuro se aplique la pena de muerte a Vizcarra, el pedido se quedó muy lejos de los 87 votos mínimos que establece la ley peruana para que un jefe de Estado sea removido del cargo, en cuyo caso habría sido reemplazado hasta el próximo 28 de julio por el presidente del Congreso, Manuel Merino: recibió 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones.

Antes del inicio del debate de la “moción de vacancia” (destitución), Vizcarra sorprendió presentándose ante el Congreso para defender que su comportamiento “ha sido siempre correcto” y no ha cometido “ningún acto ilegal”.

Ante el pleno Legislativo, reunido de manera virtual y con solo los portavoces de las bancadas en el hemiciclo, el gobernante enfatizó que su país “no puede estar detenido por unos audios sin ninguna validez”, aunque pidió “sinceras disculpas” por la crisis generada por las grabaciones ilegales, supuestamente hechas por su exsecretaria Karem Roca.

Tras reconocer que su voz sí aparece en una de las grabaciones que se refieren al caso del cantante Richard ‘Swing’ Cisneros, cuestionado por su cercanía con el mandatario, Vizcarra afirmó que las acusaciones se basan en audios “sin peritaje, sin ser contrastados, sin que aún se reconozca la veracidad de su contenido”.

El gobernante pidió, finalmente, al Legislativo que no se genere “una nueva crisis sin fundamento que afectaría a los peruanos mas vulnerables” en plena crisis de la COVID-19, y confió en que los parlamentarios harían “prevalecer sus valores democráticos”.

Como era de esperarse, el posterior debate en el Legislativo estuvo cargado de adjetivos y descalificaciones entre congresistas y hacia la actuación del jefe de Estado. Mientras que parlamentarios centristas y de izquierda moderada remarcaban que Perú no puede enfrentar la destitución de un gobernante en plena crisis sanitaria y económica, otros legisladores opinaron que esa era una decisión “política y no jurídica” y Vizcarra no podía seguir en el cargo.

Sin embargo, tras conocerse el resultado de la votación, la ministra de Justicia, Ana Neyra, aseguró que este “es un triunfo del país, no del Gobierno” y saludó la “actitud democrática” del Congreso, al que ofreció “seguir trabajando juntos”: “Es importante que recordemos lo central, que es seguir enfrentando a la pandemia, seguir trabajando por el país, aquí no hay vencedores ni vencidos”, enfatizó.