La política en general y el ejercicio del poder en particular se han asociado siempre a la práctica descarnada del cinismo y del oportunismo. Son muchos los políticos y líderes que a lo largo de la historia han hecho gala de esas condiciones, unos con mayor éxito que otros. Hoy el mundo mira con estupefacción cómo Nicolás Maduro paga abogados y exige para los venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador los derechos que su régimen les conculca a los presos políticos dentro de su propio país.
Claro que un Estado se debe preocupar por la situación se sus ciudadanos en otro país, más conociendo la manera generalizada como el presidente Donald Trump califica de delincuentes prácticamente a todos los migrantes que deporta su gobierno. Aún se debe establecer si todos esos venezolanos, como acusa Trump, pertenecen a la banda criminal transnacional ‘Tren de Aragua’ o si han cometido delitos reales diferentes al hecho de permanecer de manera ilegal en Estados Unidos. Hay que proteger sus derechos humanos, pero que eso lo reclame por fuera quien tiene presos políticos y desaparecidos adentro no deja de resultar irónico, abiertamente cínico.
Así como Maduro se queja de que con los venezolanos detenidos en el Centro Contra el Terrorismo (Cecot) de El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, parece olvidar convenientemente que también son crímenes de lesa humanidad el encarcelamiento arbitrario, la tortura, la persecución por razones políticas, la desaparición forzada y otras infracciones a las que su régimen ha sometido a miles de venezolanos. Solo después de las elecciones del 28 de julio pasado, la ONG Foro Penal informa que, con corte al 31 de marzo de 2025, la cifra de presos políticos en Venezuela llega a 903, de los cuales 5 son adolescentes de entre 14 y 17 años, 88 son mujeres y 167 militares. Del total, hay 59 desaparecidos.
Por ejemplo, el preso político Pekins Rocha completa siete meses detenido en el Helicoide, penal caraqueño señalado de ser el mayor centro de tortura de Latinoamérica. Rocha es acusado de cinco delitos, entre ellos, terrorismo y traición a la patria, por el solo hecho de haber ayudado a organizar unas elecciones democráticas para que los venezolanos pudieran elegir libremente a su presidente, como efectivamente ocurrió el 28 de julio de 2024, cuando el favor de la ciudadanía se inclinó por Edmundo González Urrutia, pese a lo cual Maduro se posesionó de manera ilegítima y hoy usurpa el poder.
La familia de Rocha no ha podido tener ningún tipo de contacto con él. Ni siquiera la abogada que le impuso el régimen para su ‘defensa’ ha tenido acceso al detenido en el Helicoide. Tampoco ha recibido visitas médicas para establecer su estado de salud. Como Rocha hay decenas de opositores venezolanos que padecen la represión del régimen por el solo hecho de pensar diferente y buscar un tránsito pacífico a la vida democrática del país. Además, Maduro, responsable de la diáspora y de la tragedia humanitaria que tiene por fuera de su patria a casi ocho millones de personas, está acusado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por atroces y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
Además, la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, de la ONU, reiteró que el régimen de Maduro sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes. La Misión informó a mediados de marzo pasado que en ese país, bajo la dictadura de Maduro, “continúan las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o percibidas como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Nicolás Maduro se muestra preocupado por venezolanos deportados
Con todo, muy acucioso, Maduró salió en las últimas horas a manifestar: “Yo estoy esperando que el sistema de Naciones Unidas actúe. Yo le pedí [al] Secretario General, Alto Comisionado: tome el teléfono, llame al presidente [Nayib] Bukele, exíjale, con severidad, a nombre del derecho internacional de los derechos humanos”. Después, sin considerar la viga en el ojo propio (la existencia del terrorífico Helicoide), señala la paja en el ojo ajeno: “Den la lista de las personas presas en ese campo de concentración”.
Y reclama a El Salvador las condiciones del debido proceso que su régimen niega arbitrariamente en Venezuela: “Digan de qué están acusados, ante qué juez han sido presentados, qué delitos cometieron en El Salvador. Si no, libérenlos de inmediato”. Es claro que Maduro ve muy bien las violaciones de derechos humanos que se producen lejos, pero soslaya las que de manera protuberante ocurren bajo su régimen dentro de Venezuela.
Luego, en el tono mesiánico-apocalíptico que vienen empleando otros líderes de la región con el sofisma del fascismo, aseguró: “Que lo que está ocurriendo con la migración en Estados Unidos y lo que está ocurriendo con la desaparición forzosa, la tortura contra los migrantes venezolanos no sea el inicio del fin del sistema de Naciones Unida hoy para abrirle la puerta al diablo, al monstruo del nazi-fascismo otra vez”. Y añadió en otro escenario: “Agradezco la solidaridad compartida de múltiples voces en América Latina y el Caribe con el bochorno que se ha cometido con el secuestro y la desaparición forzosa de 324 migrantes venezolanos que fueron llevados a un campo de concentración nazi en El Salvador”.
Es tal su preocupación por lo que les está pasando a los venezolanos en El Salvador que contrató un equipo de abogados para que busque la manera de liberarlos y sean enviados a Venezuela. El equipo está encabezado por el salvadoreño Jaime Ortega, que dijo a medios: “Están totalmente limpios. Ellos no tienen ningún récord criminal en Venezuela”, y radicó el recurso de ‘habeas corpus’ ante la Corte Suprema de El Salvador con el que el régimen de Maduro busca la excarcelación y posterior repatriación de esos venezolanos.
A diferencia de lo que pasa con Rocha y otros presos políticos en Venezuela, los abogados de Maduro sí pidieron a la Procuraduría salvadoreña para la defensa de los derechos humanos un reporte sobre las condiciones de salud de los detenidos y que se les garantice un mecanismo de comunicación con sus familiares. Y, como Maduro, reclaman que Estados Unidos no ha aportado “ni una sola sentencia contra alguna persona […] que haya sido oída y vencida en juicio conforme a las leyes estadounidenses, y que haya sido culpable de pertenecer a esa organización [el ‘Tren de Aragua’] o algún crimen que haya cometido”.
¿De dónde surge la preocupación de Maduro por los venezolanos detenidos en El Salvador? Hay al menos tres respuestas posibles: 1) el caso tiene una exposición internacional, lo cual le da la oportunidad de mostrar al mundo su inquietud por los derechos humanos; 2) es muy factible que entre esos detenidos sí haya miembros del ‘Tren de Aragua’ y Maduro los quiera lo más pronto posible de regreso (no hay que olvidar que las autoridades chilenas denunciaron que esa banda criminal comete crímenes por fuera de Venezuela, como lo hicieron con el teniente Ronald Ojeda, asesinado en Santiago, por orden del régimen); y 3) quizá sí sea legítima la preocupación de Maduro por los derechos humanos, pero, si eso fuera cierto, la situación en Venezuela sería radicalmente otra y no habría presos políticos.
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