La industria pesquera mundial recurre al trabajo forzado de manera generalizada, advierten los expertos de la lucha contra el tráfico de personas. Los consumidores -dicen- ignoran el “verdadero costo” del pescado y del marisco que compran en las tiendas y comen en los restaurantes.
Una mano de obra explotada y expuesta al impago de salarios, a jornadas interminables, violencia… y hasta la muerte. Intermediarios sin escrúpulos contactan con pobres sin formación y les prometen buenos salarios, sobre todo en Indonesia y el sudeste asiático.
Una agencia de reclutamiento indonesia le dijo a Rahmatullah que iría a aguas de Perú para ganar un buen salario al mes además de un extra por tonelada de pesca. Pero acabó en Somalia -cuenta- donde pasó nueve meses terribles trabajando 18 horas diarias a bordo de un barco chino.
“Tenía la impresión de ser un esclavo“, afirma el joven a la AFP. “La tripulación china tenía agua potable pero nosotros no, la recogíamos del sistema de climatización. Con frecuencia si no pescábamos lo suficiente nos pegaban, incluso cuando estábamos enfermos”.
Rahmatullah y otros 39 indonesios reclaman daños y perjuicios y acusan al contratante PT Maritim Samudera Indonesia de haberles engañado. A algunos los enviaron a las costas de Japón, a otros a Somalia. Los dos grupos fueron rescatados tras haber aprovechado una cobertura Wifi para pedir auxilio.
En entrevistas con la AFP y en sus declaraciones a la policía y a las autoridades gubernamentales estos hombres denuncian golpes, abusos psicológicos, hambre y deshidratación. Dicen haber sido testigos de la muerte de dos indonesios por sed y agotamiento.
Solo comían arroz acompañado de un poco de col y pescado hervido. Algunos se veían obligados a beber el agua de la condensación de los aparatos de aire acondicionado.
“La comida era atroz“, recuerda Arianus Ziliwu, de 21 años, quien trabajó en aguas japonesas. “Y las condiciones para dormir, indignas de un ser humano“.
En imágenes grabadas con un celular y proporcionadas a la AFP, se ve a hombres durmiendo en colchones en bodegas sucias.
“No podíamos defendernos. Vengo de una aldea y no estaba formado“, añade Rahmatullah, quien nunca había trabajado antes en un barco pesquero.
Los pescadores pasaron entre seis y nueve meses manejando redes y preparando el pescado. Según declararon a la policía les deben miles de dólares de retrasos en el pago de salarios.
Debido a la sobrepesca los bancos de peces disminuyen y la industria recurre cada vez más a trabajadores migrantes para seguir siendo rentable, según militantes antitráfico de personas.
“Si se quiere atún y calamares baratos, la mano de obra tiene que ser barata”, constata Arifsyah M. Nasution, de Greenpeace Indonesia. “Y la mano de obra barata viene del sudeste de Asia”.
Según el Índice Mundial de la Esclavitud publicado cada año por la ONG Walk Free Foundation, hay muchas pruebas de prácticas de explotación y esclavitud moderna en algunas empresas pesqueras. Y pocos consumidores están al corriente. “La toma de conciencia del costo real y de la cara oculta de los productos del mar sigue siendo limitada”, considera Nasution.
Se acusa al gobierno indonesio de no hacer lo suficiente para combatir los abusos. Las autoridades calculan que 250.000 indonesios trabajan de forma “no protegida” en pesqueros extranjeros.
La mayoría acaban como empleados de flotas que se ocultan detrás de pabellones extranjeros lo que complica la vigilancia y el saber de qué jurisdicción dependen.
En Indonesia, varias agencias de reclutamiento públicas o privadas están autorizadas a enviar mano de obra al extranjero pero algunos reclutadores y pescadores optan por salirse del marco oficial.
“El principal problema es la falta de supervisión, el segundo, la falta de medios para hacer respetar las leyes”, explica Imam Syafi’i, del Movimiento de los Marineros Indonesios (PPI), el sindicato que defiende los intereses de los 40 demandantes.
Rahmatullah pagó 100 dólares de gastos de tramitación pero no recibió formación alguna antes de partir, ni libreta marítima ni certificado médico, añadió el sindicalista.
Según PPI, la agencia de reclutamiento no estaba habilitada para enviar a personas al extranjero y falsificó documentos.
El reclutador PT Maritim Samudera Indonesia declinó responder a las preguntas de la AFP, limitándose a recalcar que cooperaba con la investigación policial.
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