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El Parlamento griego aprobó este jueves una polémica reforma que permite ampliar la jornada laboral en el sector privado hasta un máximo de 13 horas diarias, durante 37 días al año.
La medida, impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, fue aprobada únicamente con los votos de su partido, Nueva Democracia, mientras que toda la oposición votó en contra.
Una de las principales formaciones de la oposición, Syriza (izquierda), se negó a participar en la votación, criticando una “monstruosidad legislativa, una desregulación laboral que atenta (…) contra los derechos fundamentales” de los trabajadores, según Christos Giannoulis, portavoz del grupo parlamentario.
En dos ocasiones, el 1 de octubre y el martes, Grecia se vio parcialmente paralizada por una huelga general en protesta contra esta reforma.
El Gobierno defiende que se trata de una medida voluntaria, con una bonificación del 40% por hora extra, y que se respetará el límite de 48 horas semanales y 150 horas extras anuales.
“Ahora ofrecemos la posibilidad (a los empleados) de realizar este trabajo adicional con el mismo empleador, sin desplazamientos, con una remuneración incrementada en un 40 %”, defendió en el Parlamento la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Niki Kerameus. Aseguró que esto se haría de forma voluntaria y que ningún empleado podría ser obligado a ello.
El Gobierno asegura, además, que la reforma responde a la falta de mano de obra y a las nuevas necesidades del mercado laboral.
Sindicatos y oposición, sin embargo, advierten que, en la práctica, por miedo al despido, los trabajadores no podrán negarse, y afirman que esta ley supone un retroceso al siglo XIX en derechos laborales.
Desde su llegada al poder en 2019, Mitsotakis ha conseguido que el mercado laboral griego sea uno de los más flexibles de Europa. Desde el pasado año algunos sectores, como la agricultura o el comercio, pueden establecer turnos de seis días a la semana.
Según Eurostat, los griegos trabajan más que ningún otro trabajador europeo. Sin embargo, son el segundo país de la UE con menor poder adquisitivo.
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