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El Gobierno laborista de Keir Starmer está acusado de encubrir un caso de espionaje en beneficio de China, con el fin de proteger sus relaciones comerciales. El mes pasado se anuló el juicio contra un asistente parlamentario y un profesor acusados de haber proporcionado información a Pekín. Para acallar las acusaciones, el ejecutivo publicó el miércoles 15 de octubre por la noche las declaraciones del asesor de seguridad nacional. Pero eso no bastó para disipar las dudas.
Con nuestra corresponsal en Londres, Émeline Vin
El Gobierno y la justicia británicos aún deben responder a numerosas preguntas. Por parte del Gobierno, el primer ministro Keir Starmer explica que no tenía otra opción, ya que los presuntos actos de espionaje tuvieron lugar bajo el anterior Gobierno conservador, que consideraba a China un “reto”, pero no una “amenaza”.
Sin embargo, los documentos publicados esta semana muestran que el Partido Laborista desea una “relación positiva” con Pekín. Entonces, ¿por qué el ejecutivo británico insiste en que se vio obligado por la postura de sus predecesores, cuando adopta la misma línea?
Para el fiscal general, las declaraciones del asesor adjunto de seguridad nacional detallan las sospechas de piratería de origen chino y las actividades específicas de inteligencia llevadas a cabo en territorio británico. Sin embargo, el fiscal considera que no había suficiente material para procesar a los dos hombres acusados de espionaje.
¿Qué faltaba para alcanzar el umbral necesario para celebrar un juicio? Los diputados de la comisión de estrategia de seguridad nacional han abierto una investigación parlamentaria para responder a las preguntas y comprender por qué se retiraron los cargos.
Por su parte, el jefe del MI5, los servicios de inteligencia interiores británicos, Ken McCallum, consideró que el espionaje chino representa una amenaza diaria para el Reino Unido, que debe “defenderse con firmeza”.
“En 2025, un mundo más hostil obliga al MI5 a llevar a cabo el mayor cambio en su misión desde el 11 de septiembre de 2001”, declaró Ken McCallum a los periodistas desde la sede del MI5. También citó a Rusia, Irán y China como fuentes de amenazas.
El origen del escándalo
El caso estalla en un momento en que los laboristas, desde su llegada al poder en julio de 2024, se esfuerzan por reanudar el diálogo con China, tras años de relaciones frías bajo los gobiernos conservadores.
Todo empezó cuando Christopher Cash, un investigador de treinta y tantos años del Parlamento, y Christopher Berry, un antiguo profesor en China de 32 años, fueron detenidos en 2023, acusados de recopilar y transmitir a Pekín información que podría “ser útil, directa o indirectamente, a un enemigo”.
Los dos hombres, que rechazan las acusaciones, fueron imputados en virtud de la “Ley de Secretos Oficiales”, que prohíbe la divulgación de secretos de Estado o de información que pueda amenazar la seguridad nacional.
Pero el proceso judicial se detuvo en septiembre, ya que el fiscal general Stephen Parkinson consideró que el Gobierno no había presentado pruebas que demostraran que China constituyera una amenaza para la seguridad nacional británica. Según la fiscalía, este era un elemento indispensable para que la acusación prosperara.
El abandono de la acusación desató una polémica, ya que la oposición conservadora acusó al Gobierno de haber presionado para que se abandonara la acusación, con el fin de no molestar a Pekín y no comprometer las inversiones chinas en el Reino Unido.
Keir Starmer subrayó que el Gobierno conservador en el poder en el momento de los hechos denunciados (entre diciembre de 2021 y febrero de 2023) nunca calificó explícitamente a China como una amenaza.
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