El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), encargado de ubicar a los indocumentados en todos los estados de ese país, está usando un método silencioso pero efectivo para detectar migrantes que no tengan sus documentos en regla: rastrear transferencias bancarias, desde cuentas que muchas veces pueden ser embargadas.
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Según información publicada por El Tiempo, ICE accede sin orden judicial a una base de datos llamada Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC), que almacena millones de movimientos de dinero entre México y Estados Unidos, con el fin de hallar a personas que hayan reenviado remesas a su país de origen.
De acuerdo con el medio citado, ese sistema permite al gobierno estadounidense identificar a personas que envían o reciben más de 500 dólares desde o hacia México, especialmente en los estados fronterizos como Arizona, California, Nuevo México y Texas. La información disponible incluye nombres y direcciones de los remitentes y destinatarios, lo que facilita su localización.
La investigación señala que ICE no solo fue el primer usuario del sistema TRAC en 2018, sino que además ayudó a financiar su operación en 2019. Este monitoreo cubre amplias zonas de la frontera sur y se extiende hasta territorio mexicano, permitiendo a las autoridades ampliar su alcance sin requerir órdenes judiciales y llegando a poblaciones aisladas en las que hay presencia de migrantes latinos para iniciar procesos de expulsión del país.
Organizaciones defensoras de derechos civiles han encendido las alarmas sobre este sistema. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) criticó duramente esta herramienta de vigilancia. La organización considera que se trata de un método que somete a personas comunes a un nivel de control invasivo y sin justificación legal.
Adicional a ello, la ACLU advierte que esta práctica “socava la libertad de expresión y la democracia”, al tratarse de una vigilancia rutinaria que expone a millones de ciudadanos a un escrutinio constante. También la califican como una grave extralimitación por parte del gobierno estadounidense.
Aunque el uso de tecnologías para detectar migrantes no es nuevo, este caso pone sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto el gobierno puede vigilar sin control judicial y a qué costo para los derechos civiles.
Políticas de expulsión de migrantes de EE. UU. en cifras
Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, su administración ha intensificado las políticas migratorias, enfocándose en la deportación de migrantes latinos indocumentados. Una de las primeras acciones fue la firma de la orden ejecutiva 14159, titulada “Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión”, que amplió el uso de deportaciones expeditas y penalizó a inmigrantes que no se registren como indocumentados. Además, se incrementó la contratación de agentes de ICE y CBP, y se restringió el acceso a beneficios públicos para inmigrantes sin estatus legal.
En enero, Trump también promulgó la Ley Laken Riley, que obliga al Departamento de Seguridad Nacional a detener a inmigrantes indocumentados acusados o condenados por ciertos delitos, como robo o agresión a oficiales de policía. La ley permite a los estados demandar al DHS por no cumplir con las disposiciones de detención y deportación . Estas medidas han resultado en un aumento significativo de las deportaciones: solo en el primer mes de 2025, ICE deportó a 37.660 personas, y para febrero, se habían registrado 8.276 arrestos y 6.577 órdenes de detención.
Una de las decisiones más controvertidas ha sido la expansión del Centro de Operaciones de Migrantes en la Base Naval de Guantánamo, con capacidad para albergar hasta 30.000 migrantes. En febrero, 178 venezolanos fueron detenidos en la instalación, y 177 fueron posteriormente deportados a Venezuela. Además, en marzo, 137 venezolanos fueron deportados a El Salvador, donde fueron encarcelados indefinidamente sin juicio en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), generando críticas de organizaciones de derechos humanos por la falta de debido proceso
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