Trump declaró una emergencia nacional este año para eludir el Congreso y obtener fondos para su proyecto de muro, después de que una disputa con el Partido Demócrata, mayoritario en la Cámara Baja, provocara el cierre de la Administración más largo de la historia de Estados Unidos.

Cerca de 20 estados del país, grupos pro derechos humanos y comunidades fronterizas denunciaron ante la justicia que la declaración de emergencia vulnera la Constitución.

En mayo, un juez federal falló a su favor, emitiendo una orden restrictiva temporal contra el uso de los fondos del Departamento de Defensa para construir el muro con México.

La Corte Suprema anuló este viernes la decisión de ese juez, con cinco votos a favor y cuatro en contra, y afirmó que el gobierno había demostrado la legitimidad de usar esos fondos y Trump reaccionó eufórico:

“¡Gran VICTORIA para la seguridad fronteriza y la ley”.

La decisión judicial permitirá un acceso temporal de la administración Trump de unos 2.500 millones de dólares para el muro.

Pero los opositores a ese proyecto no están dispuestos a abandonar la lucha contra su construcción.

La ACLU, la poderosa organización de las libertades cívicas, anunció este viernes que presentará un recurso ante un tribunal de apelación para “restablecer el bloqueo permanente de la construcción de un muro fronterizo que usa fondos militares no autorizados”.

“Las poblaciones en la frontera, el medioambiente y la separación de los poderes en nuestra Constitución se verían afectados de forma permanente si Trump consiguiera salir adelante con el saqueo de fondos militares para un muro xenófobo que el Congreso rechazó”, dijo Dror Ladin, abogado de la ACLU.