En medio de las reacciones por el terremoto en Colombia, uno de los puntos claves es la comunicación que tengan los administradores con los copropietarios frente a las incidencias en cada caso.
El tema toma especial relevancia debido a que muchas copropiedades sufrieron daños significativos en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Chocó.
Precisamente, Pulzo consultó con expertos sobre la responsabilidad de los representantes legales en las unidades residenciales, conjuntos cerrados y demás acerca de la manera de mantener enterada a su comunidad.
Guillermo Navarro Romero, director de GN Law y exsocio de Muñoz Abogados, explicó que la información es una obligación de primera instancia frente a los asuntos de interés general, mucho más cuando corresponden a respuestas de aseguradoras y demás.
“Un administrador debería presentar boletines diarios o al menos dos o tres veces por semana con los avances correspondientes, mucho más en tiempos de crisis como los de ahora”, advirtió.
El abogado indicó que resulta determinante establecer mecanismos de comunicación variados para mantener la transparencia en conjuntos afectados por el terremoto y aclaró que “no es un favor” sino una de las funciones que el consejo de administración le debe exigir.
Incluso, señaló que la Ley 675 de 2001 abre la posibilidad de remover al administrador en caso de que no cumpla esa tarea de comunicar correctamente a la comunidad, al entender que es una de sus responsabilidades y, mucho más, luego de un terremoto.
En esa misma línea, César Andrés Martínez, abogado experto en propiedad horizontal, apuntó a la importancia de que los administradores y el consejo de administración informen de forma oportuna. Esto se atenúa en los lugares que requieren revisión por pólizas de seguro en áreas comunes.
“Ante los daños sufridos por los bienes comunes en propiedad horizontal, a raíz del terremoto, todos los copropietarios tienen el derecho de conocer, de manera simultánea y sin demora, la información que el representante legal reciba de la aseguradora, pues ningún copropietario puede tener acceso privilegiado ni tardío a lo que a todos por igual concierne”, explicó.
Incluso, el experto que liderará el congreso ‘Responsabilidad civil de las construcciones en la PH’ este jueves 27 de agosto puso sobre la mesa cuáles son las herramientas que se tienen para que los copropietarios le exijan a los administradores y al consejo de administración en cada conjunto residencial y similares en Colombia.
“Ante la eventual omisión del representante legal en compartir oportunamente la información sobre las gestiones con la aseguradora, los copropietarios cuentan con el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, como mecanismo jurídico idóneo para obtener respuesta clara, oportuna y completa sobre el estado de la reparación de los bienes comunes afectados”, aseguró.
De hecho, ambos expertos legales coincidieron en que el siguiente paso en la eventualidad de que el derecho de petición sea ignorado es interponer una tutela, que en caso de ser desacatada puede desembocar en prisión para el representante legal, en este caso, el administrador.
Este tipo de aclaraciones resultan determinantes si se tiene en cuenta que el terremoto en Colombia causó daños en muchas edificaciones, la gran mayoría, que hacen parte de la propiedad horizontal.
Eso ha puesto la mira en la respuesta por parte de las aseguradoras por las pólizas de seguros (tanto de cada vivienda como de áreas comunes), como un mecanismo para apoyar a los afectados.
Asimismo, es pertinente recordar que los subsidios para las personas damnificadas tienen algunos documentos indispensables, que en el caso de municipios como Dosquebradas se han gestionado por medio de los representantes legales de cada copropiedad.
De ahí, el llamado de atención para darle seguimiento por parte de las herramientas que ofrece la ley colombiana para este caso, en medio de la tragedia vivida por el sismo del pasado 10 de agosto de 2026.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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