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El representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero ha presentado de nuevo ante el Congreso colombiano un proyecto de ley que propone la obligatoriedad de instalar paneles solares en todas las viviendas de interés social y prioritario (VIS) entregadas por el Gobierno Nacional. La iniciativa, respaldada por el Ministerio de Vivienda, propone que el Estado asuma la totalidad o una parte sustancial del costo de instalación —calculado entre 13 y 15 millones de pesos por vivienda—, asegurando así que este gasto no incremente el valor final para los beneficiarios. Para ello, el representante plantea que se eleven los topes de subsidio actuales para viabilizar la medida sin que las familias más vulnerables asuman sobrecostos significativos.
El planteamiento responde al problema creciente de las altas tarifas eléctricas, una situación especialmente apremiante en la región Caribe de Colombia. En esta zona, los hogares de interés social suelen ser los más impactados por los aumentos en el precio del servicio eléctrico. Según las estimaciones vinculadas al proyecto, la incorporación de paneles solares permitiría reducir el valor de la factura hasta en un 60%. Los equipos tendrían una vida útil estimada entre 15 y 20 años, lo que garantiza una solución sostenible en el tiempo. Estas cifras, aunque poco difundidas en el debate nacional, son consistentes con investigaciones internacionales que señalan cómo el uso de energía solar residencial puede disminuir significativamente los costos de los hogares, sobre todo en localidades con alta radiación solar, como ocurre en la costa Caribe colombiana (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023; IRENA, 2024).
Las experiencias piloto, tanto desde el sector público como privado, han demostrado la viabilidad técnica y económica de la medida en viviendas sociales. Sin embargo, el proyecto ya enfrentó un fracaso en su primer intento de aprobación legislativa, a pesar de mesas técnicas con diversas entidades gubernamentales y el sector constructor. Ante esta situación, el representante Quintero ha hecho un llamado enfático a los partidos para analizar y aprobar la propuesta, subrayando su potencial transformador en cuanto a democratización del acceso a energías limpias con un claro enfoque social.
Desde una perspectiva regional, la iniciativa se enmarca en las nuevas políticas latinoamericanas enfocadas en acelerar la transición energética con justicia social. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, facilitar energías renovables en segmentos de bajos ingresos es fundamental para cumplir compromisos climáticos y mejorar la calidad de vida, especialmente frente a la “pobreza energética”, término que designa la incapacidad de ciertos grupos para acceder de manera asequible a servicios energéticos esenciales. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) advierte sobre la posibilidad de utilizar la energía solar residencial no solo como mecanismo de reducción de dependencia a combustibles fósiles, sino como vía concreta para aumentar la resiliencia y autonomía energética de comunidades vulnerables.
En el ámbito económico, el Observatorio de Energía de Colombia (2023) ha señalado que un despliegue masivo de paneles solares en VIS podría traducirse en ahorros importantes para los usuarios finales y generar empleo local en labores de instalación y mantenimiento, propiciando la formación de un ecosistema industrial en torno a las tecnologías limpias. El costo de instalación —comparado con otras inversiones en infraestructura social— podría cubrirse con los subsidios adecuados, sin representar automáticamente una carga para el Estado, especialmente a la luz de los beneficios ambientales y sociales a largo plazo.
No obstante, el éxito de la propuesta depende de superar retos técnicos y sociales. Especialistas en sostenibilidad subrayan la necesidad de formación y capacitación para los habitantes y técnicos locales, a fin de garantizar tanto la adecuada instalación como el mantenimiento de los sistemas, prolongando su durabilidad y optimizando su rendimiento. La Revista Ambiente Sostenible señala que la política debería ir de la mano de programas de capacitación comunitaria, asegurando así que la tecnología sea realmente útil para los beneficiarios y previniendo el desperdicio de recursos.
En definitiva, la propuesta de incorporar paneles solares en las viviendas de interés social representa una oportunidad única para que Colombia avance en la ruta de la sustentabilidad, la equidad y la justicia energética. A través de esta iniciativa, el país podría posicionarse a la vanguardia de la transición energética en la región, promoviendo ciudades más sostenibles y brindando alivio económico a las familias más vulnerables.
¿Qué significa “pobreza energética” y cómo afecta a las familias beneficiarias?
La expresión “pobreza energética” ha cobrado relevancia en las discusiones sobre equidad y políticas públicas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, este concepto se refiere a la situación en la que personas o grupos sociales no pueden acceder a servicios energéticos básicos, como electricidad o gas, a precios asequibles o en condiciones adecuadas de calidad y continuidad. Esta carencia suele afectar a los sectores más vulnerables, limitando su bienestar, salud, educación y desarrollo productivo.
En el contexto de las viviendas de interés social en Colombia, la pobreza energética se traduce en dificultades para encender electrodomésticos básicos, refrigerar alimentos o contar con iluminación adecuada. Por eso, la incorporación de paneles solares, al reducir la factura eléctrica, podría ser una vía concreta para mitigar este problema y mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias.
¿Qué retos existen para asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de los paneles solares en viviendas sociales?
Si bien la instalación inicial de paneles solares es fundamental, su éxito a largo plazo depende de la capacidad de las comunidades para asumir el mantenimiento y la correcta operación de estos sistemas. Las experiencias previas resaltan la necesidad de capacitación técnica, tanto para los residentes como para los trabajadores encargados de la instalación y revisión de los equipos.
Sin una adecuada formación, existe el riesgo de que las inversiones en tecnología resulten insuficientes o poco duraderas. Programas de educación y acompañamiento comunitario son claves para garantizar que los sistemas funcionen durante toda su vida útil, optimizando su impacto económico y ambiental y asegurando el empoderamiento de los beneficiarios en el proceso de transición energética.
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