También destacó que no es una compañía de transporte, y menos de taxis, ya que no presta los servicios de transporte público individual de pasajeros; por esto, según ellos, no podría constituirse como una empresa del sector, ya que su negocio es por servicio tecnológico de la aplicación, y no por movilidad.
“Las reglas del sector fueron emitidas en los años 90, cuando no existía este tipo de tecnología y no podían predecir la llegada de modelos disruptivos como UBER e incorporarlos en su definición. Nos encontramos, entonces, ante el desafío de modernizar esos marcos jurídicos y adaptarlos a estas nuevas realidades”, manifestó.
La empresa no baja la guardia pese a que alista maletas para salir del país el próximo 31 de enero, y le sacó en cara al Estado que otros países miembros de la OCDE sí se han tomado la tarea de trabajar por desarrollar políticas que le velen por los derechos de los consumidores, como escoger entre diferentes alternativas de movilidad.
Por último, aunque el Gobierno ya anunció que acompañará un proyecto de ley en el Congreso que permitirá la regulación de este tipo de plataformas, Uber insistió en que a ellos se les debe dar una solución de manera inmediata.
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