No hay plazo que no se venza ni término que no se cumpla, estipula la sabiduría popular, y eso se aplica este jueves 15 de diciembre, último día para que los empleadores y los trabajadores del país acuerden el incremento del salario mínimo para 2023.

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Este año, sin embargo, la discusión ha sido ‘sui generis’, pues mientras que solo los trabajadores llegaron con una propuesta a la mesa de la Comisión Nacional de Concertación, los empleadores decidieron no plantear ninguna cifra y adelantar las discusiones a partir de la idea que lleva su contraparte.

Esa idea de los trabajadores es que el salario mínimo para 2023 en Colombia tenga un incremento del 20 %, es decir, 200.000 pesos, sin contar el subsidio de transporte, con lo cual esa asignación que reciben unos 3,4 millones de trabajadores sería de 1’200.000. El auxilio de transporte pasaría de 117.172 pesos a 140.606 pesos.

Expertos han señalado que la cifra por la que se inclinan los empleadores (sin que ellos la hayan expresado formalmente) es un aumento del 14 %, lo que representaría un aumento de 140.000 pesos para el año entrante.

Las tres partes involucradas en la discusión (empleadores, trabajadores y Gobierno) se enfrentan a una suerte de dilema, pues un incremento significativo en el salario mínimo impactará directamente en un aumento de la inflación, con lo cual, a su vez, el nuevo ingreso perdería su poder adquisitivo.

Eso fue lo que ocurrió este año, cuando el expresidente Iván Duque decretó un histórico incremento del 10 %, pero la inflación se devoró ese efímero beneficio para los trabajadores. En cuestión de semanas, el aumento ya no fue suficiente por el alto costo de vida.

Si este jueves la Comisión Nacional de Concertación no llega a un acuerdo, será el presidente Gustavo Petro el que establezca por decreto esa cifra. El mandatario tendrá 15 días para hacerlo, y su plazo también vence el próximo 30 de diciembre.

En qué va discusión del salario mínimo para 2023

Al cabo de la séptima reunión que sostuvo la mesa de concertación, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que estuvieron “trabajando y profundizando” en las medidas que impactan o que mitigan la inflación, en los alimentos fundamentalmente.

Para eso, dijo la ministra, han considerado los datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), no solamente en su observatorio de alimentos y la manera como van evolucionando sus precios, cómo se van afectado, sino además las medidas para tener una mitigación en casos concretos como las proteínas, las frutas y hortalizas.

Agregó que han analizado los elementos que han venido impactando el alza de precios de la canasta básica como las tasas de usura, “que de alguna manera también tienen un impacto, como lo hemos venido diciendo, en lo que significa acceso a los créditos, y cómo entre más barreras de acceso que tiene el crédito, más expuestos al gota a gota quedan los comerciantes, los informales, pero sobre todo la clase trabajadora de este país”.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente nacional de Fenalco, subrayó que es importante que el país “recalcule la tasa de usura en Colombia para evitar que los altísimos costos de consumo causen un impacto negativo no solamente en las empresas, sino también en los trabajadores y en los hogares colombianos con un excesivo endeudamiento”.

Además, destacó el papel del Ministerio del Trabajo por conducir “tranquilamente esas conversaciones” y lograr el compromiso que se ha empeñado de que esta cifra no salga por decreto, sino que sea una cifra concertada para el año 2023.

Francisco Maltés, presidente de la CUT, dijo que el Comando Nacional Unitario ha sido la única parte que ha presentado una propuesta de incremento salarial del 20 %, y que la han “sustentado con suficiencia” porque consideran “que hay que hacer justicia social en este país”.

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