El primero de diciembre de 2016, tres días después de la tragedia, el piloto fue consultado por ese medio para explicar las posibles causas del accidente en el que murieron 71 personas y entregó graves declaraciones. En la entrevista, Hernández señaló:
“Estos accidentes ocurren en los escritorios de las oficinas por las políticas que existen dentro de las aerolíneas. Es un problema grave y que lamentablemente en Colombia también tenemos porque, por ejemplo, hay aerolíneas como Avianca donde se le reduce el salario al piloto que se enferma. Son presiones que no se deben tener y ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. Si no se sale a tiempo se les baja el salario, si no se ahorra combustible se baja el salario. Todas esas políticas ponen en riesgo a las personas y la autoridad aeronáutica tiene que tomar cartas en el asunto”.
El capitán agregó que “en el último debate que hubo en el Congreso de la República sobre seguridad aérea a la Aeronáutica Civil, el entonces director de Operaciones dijo que las incapacidades se habían reducido un 30 %”.
Para él, eso “significa que el 30 % de los pilotos enfermos estaban volando como consecuencia de esas presiones; y lo más grave es que la Corte Constitucional y los jueces de la República ya dijeron que eso no se podía hacer. Sin embargo, continúa. La Aeronáutica Civil no ha tomado cartas en el asunto y esas políticas ponen en riesgo la seguridad”.
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Esas declaraciones que hacían suponer que en Colombia podía ocurrir una tragedia similar por estas órdenes y presiones de directivos de Avianca terminaron “afectando la confianza de los usuarios nacionales e internacionales de la aerolínea y generándole afectaciones económicas”, consideró la Fiscalía, citada por Blu Radio.
El ente acusador también estableció que el capitán Hernández “divulgó al público en medios de comunicación declaraciones inexactas” y que pueden tener gran impacto en los pasajeros si se tiene en cuenta su “calidad de autoridad” en la materia.
Por estos hechos, el juez 21 con función de control de garantías no solicitó ninguna medida de aseguramiento privativa de la libertad, es decir que no irá a prisión, pero sí le ordenó una restricción a sus futuras declaraciones ante medios de comunicación, agregó W Radio.
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