Sanitas, una de las EPS más importantes del país, lleva un año bajo la intervención del Gobierno Nacional. En este periodo, usuarios han reportado demoras y fallas delicadas en la atención.
Este miércoles 2 de abril se supo que la Supersalud prorrogó la intervención por un año más ante esta entidad tan importante para miles.
(Vea también: Se acaban 2 servicios en la Clínica del Occidente: crisis obligó a tomar triste decisión).
Esto, por “los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios“, detalla esa superintendencia.
La intervención de la EPS Sanitas por parte del Gobierno colombiano, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, se fundamenta en diversas razones críticas que afectan tanto la estabilidad financiera de la entidad como la calidad del servicio ofrecido a sus afiliados.
Una de las principales causas es el incumplimiento del indicador de patrimonio adecuado al cierre de 2023, lo que refleja una situación financiera preocupante. Además, la EPS no ha cumplido con el régimen de inversiones de la reserva técnica desde 2020, evidenciando una gestión financiera deficiente que pone en riesgo la sostenibilidad de la entidad.
Otro factor determinante es el incremento significativo en el número de quejas y reclamaciones por parte de los usuarios. Durante enero de 2024, se registraron 15.070 quejas, alcanzando una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera considerablemente el promedio nacional.
Estas quejas se centran en deficiencias en la asignación y oportunidad de citas, entrega de medicamentos y autorizaciones de servicios, lo que indica una insatisfacción generalizada con la calidad del servicio prestado.
Además, la EPS Sanitas presenta una deuda significativa con su red de prestadores y proveedores de servicios de salud, ascendiendo a más de 2 billones de pesos colombianos hasta diciembre de 2023. Esta situación no solo compromete la operatividad de la EPS, sino que también afecta la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de salud que dependen de estos pagos para su funcionamiento.
La intervención, que se extenderá por un año, busca corregir estas deficiencias y garantizar la continuidad en la prestación de servicios a los más de 5,7 millones de afiliados de Sanitas. Las autoridades han enfatizado que esta medida no afectará la atención de los usuarios y que se han tomado las disposiciones necesarias para asegurar la normalidad en la prestación de servicios de salud.
Es importante destacar que esta intervención se enmarca en un contexto más amplio de crisis financiera en el sistema de salud colombiano, donde varias EPS enfrentan dificultades económicas que amenazan su viabilidad y la prestación adecuada de servicios a la población.
Qué son las EPS y cómo funcionan
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia son las instituciones encargadas de gestionar y garantizar el acceso a los servicios de salud para la población afiliada, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Estas entidades actúan como intermediarias entre el Estado, los usuarios y los prestadores de servicios de salud, asegurando la cobertura médica a través de la afiliación al régimen contributivo o subsidiado.
El régimen contributivo está dirigido a las personas con capacidad de pago, quienes aportan un porcentaje de sus ingresos mensuales para financiar el sistema. En contraste, el régimen subsidiado está diseñado para personas de bajos recursos que no pueden pagar una afiliación, y su atención es financiada con recursos públicos provenientes de impuestos y otras fuentes estatales. En ambos casos, los afiliados tienen derecho a recibir atención médica integral, incluyendo consultas, tratamientos, cirugías, hospitalización, medicamentos y otros servicios necesarios para su bienestar.
Las EPS no prestan directamente los servicios de salud, sino que contratan a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), como hospitales y clínicas, para que brinden la atención requerida.
Cuál es la diferencia entre las EPS y las IPS
La relación entre las EPS y las IPS se rige por acuerdos de pago y tarifas establecidas, lo que en ocasiones genera tensiones debido a retrasos en los pagos o insuficiencia de recursos. Para regular su operación, las EPS deben cumplir con estándares de solvencia financiera, calidad en la atención y cobertura de servicios, siendo supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
A pesar de su papel fundamental en el sistema de salud, las EPS han sido objeto de críticas por su burocracia, demoras en la prestación de servicios y problemas financieros que afectan la calidad de la atención a los pacientes.
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