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El precio de la electricidad en Colombia ha generado inconformidad en diversos sectores de la población. Y aunque hubo un intento por enfriar esos precios, con el recordado Pacto por la Justicia Tarifaria, la factura sigue reflejando incrementos que obedecen a múltiples factores y han ocasionado fricciones en el Gobierno y los empresarios prestadores del servicio.
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Estos últimos le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro y en ella se incluyen dos opciones que podría tomar el mandatario para darle un alivio al bolsillo de los usuarios en la costa Caribe.
En primer lugar, los proveedores proponen cubrir los saldos de la opción tarifaria para estos usuarios; esa opción tarifaria se refiere a la deuda que les quedó a los usuarios cuando se difirió parte del pago durante la época más crítica de la pandemia, en 2020, plata que las electrificadoras no han recuperado y que las tiene bajo un riesgo financiero que amenaza su continuidad en el mercado.
Entonces, esta primera propuesta se trata, según los empresarios, de “asignar $ 2,5 billones para aliviar a los usuarios de la región Caribe del saldo que estos tienen pendiente por pagar a los prestadores. En consistencia con el objetivo planteado por este Gobierno, esto tendría un resultado de muy corto plazo de reducción en la tarifa de alrededor de 200 pesos por kilovatio-hora para los usuarios de Aire y de 90 $/kWh para los usuarios de Afinia; equivalentes al 17 % y 8 % de la tarifa de febrero, respectivamente”.
La segunda opción es “asignar $1 billón a los dos prestadores del servicio de energía del Caribe, para cubrir el equivalente al 50 % del valor del componente promedio de pérdidas durante los próximos seis meses”. Vale mencionar que en el sector eléctrico, las perdidas se dividen en técnicas y no técnicas, en estas últimas aparecen aquellas ocasionadas por las conexiones ilegales y los fraudes.
Esta segunda opción, de acuerdo con los cálculos del gremio, “corresponde a una reducción entre 9 % y 10 % de la tarifa de febrero, que busca aliviar a los usuarios del pago equivalente al costo adicional aplicado por el régimen transitorio aprobado”.
En este mismo contexto, los prestadores del servicio hicieron notar que “los recursos mencionados son mucho menores a los aportes anuales que el sector eléctrico proporciona en impuestos, de alrededor de $ 4,7 billones”.
Otras propuestas para aliviar al usuario
El precio de la luz no solamente es tema de discusión en la costa, es una discusión que actualmente toca a todos los departamentos, especialmente porque el Fenómeno de El Niño está incidiendo en el eslabón de la generación (se produce menos con agua y más con térmicas), de manera que el kilovatio hora ha subido en medio de la ola de calor.
Usuarios en Medellín, ubicados en sectores de estrato 2, reportaron que el kilovatio hora ya les estaba costando por el orden de lo $ 1.000. Por eso, los proveedores del servicio formularon otras recomendaciones que pueden aliviar los precios en las demás regiones del país. Por ejemplo, pidieron darles certidumbre a los inversores para que se construyan más proyectos y crezca el parque generador.
“La manera más optima, desde la política gubernamental, de obtener mejores precios es generar las condiciones para que haya más oferta y así los usuarios se puedan ver beneficiados de una amplia competencia, incluyendo la proveniente de comunidades energéticas”, dice la carta.
En este orden de ideas, sugirieron garantizar la disponibilidad de gas, fluido necesario para generar electricidad en plantas térmicas, pero para eso haría falta aumentar los contratos de exploración, algo a lo que el Gobierno se rehusa desde su política minero-energética. Así mismo, solicitaron mejorar las condiciones de seguridad para salvaguardar la infraestructura y al personal operativo; y realizar el nombramiento de los seis comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
(Vea también: Nuevo anuncio para muchos en estratos 1, 2 y 3; les tocará pagar más por servicio público)
Desde el ámbito social, a juicio de los prestadores, también se debe fortalecer la penalización por conexiones ilegales y “sumar esfuerzos con la Superservicios y la Fiscalía General de la Nación contra este flagelo”.
Finalmente, mencionaron que es necesario “asegurar el pago total de la deuda oficial y de usuarios constitucionalmente protegidos, como los hospitales. El valor adeudado por concepto del servicio de energía por estas entidades hoy asciende a alrededor de $350.000 millones. Su pago permitirá a los prestadores tener una mejor condición para recomponer los montos cobrados a los usuarios que están bajo su gestión, como el lapso en el que se cobrará el saldo de la opción tarifaria”.
“El régimen tarifario, se ha desarrollado bajo preceptos y principios contenidos en la Ley, que deben mantenerse; y en caso de requerirse una modificación de las fórmulas, estas deben garantizar la remuneración de los costos de prestación de los servicios con incentivos suficientes para asegurar que las inversiones requeridas para prestar los servicios con calidad se ejecuten efectivamente. De lo contrario, estaríamos retrocediendo en el tiempo, a las épocas de finales de los años 80´s en los que la ausencia de las inversiones nos llevó a un apagón”, concluyeron los empresarios en la carta.
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