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El reciente acuerdo de pago en salud por un monto superior a los $35.000 millones en el departamento del Quindío y el Eje Cafetero ha abierto un debate intenso sobre el futuro del sistema de atención en la región. Este acuerdo surgió tras una serie de mesas técnicas de inspección y vigilancia convocadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Dichas mesas tuvieron como protagonistas a la Nueva EPS, considerada una de las aseguradoras con el mayor número de usuarios en esa área, y a varios hospitales y clínicas de la región, incluidos el Hospital La Sagrada Familia y el San Juan de Dios. Según Infobae, la expectativa por la firma del acuerdo es alta, pero también persiste el escepticismo debido a antecedentes de incumplimiento y dificultades logísticas.
El contexto de estos acuerdos reside en las dificultades estructurales que enfrenta el sector salud en Colombia, especialmente la escasa liquidez de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Esta situación ha repercutido directamente en la capacidad de dichas entidades para pagar a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y, en consecuencia, ha afectado la calidad y continuidad de la atención médica ofrecida a los usuarios. De acuerdo con El Espectador, la Nueva EPS ha sido objeto de múltiples críticas por su manejo financiero, así como por la atención que brinda a sus afiliados, problema señalado con insistencia tanto por autoridades locales como por representantes de los usuarios.
Durante las mesas técnicas realizadas en Armenia, se alcanzaron acuerdos económicos importantes con varios hospitales. Sin embargo, la reunión estuvo marcada por la ausencia de la agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, situación que sembró dudas sobre la aplicabilidad real del acuerdo y el compromiso de la entidad. Paula Andrea Arenas, representante de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), enfatizó la necesidad de mejorar los servicios, mientras que Carlos Alberto Gómez Chacón, Secretario Departamental de Salud, recalcó la importancia de incluir a pequeñas IPS y a profesionales de la salud para resolver el problema de las deudas pendientes y así perfeccionar la atención al público.
Como respuesta a las inquietudes planteadas, Giovanny Rubiano García, Superintendente Nacional de Salud, ordenó la implementación de un plan intensivo dirigido a clarificar el destino de los pagos recibidos por la Nueva EPS que se han reportado como anticipos. Este plan busca que cada pago pueda ser formalizado mediante actas que indiquen específicamente las facturas a las que corresponde, objetivo que, de cumplirse, permitirá una mayor transparencia y control en las finanzas del sistema.[1]
En términos generales, el éxito de este acuerdo y su sostenibilidad dependerán de la voluntad y colaboración de todas las partes involucradas. Según datos aportados por las mismas autoridades regionales, la tendencia histórica apunta a que la falta de cumplimiento en este tipo de compromisos agrava las crisis en el sector y perjudica tanto a las instituciones prestadoras como a los usuarios. Por ello, la confianza, la vigilancia y la capacidad de respuesta serán esenciales para asegurar que estos recursos logren su objetivo y aporten a la recuperación de la red pública y privada de salud. Si bien el paso dado es relevante, el contexto obliga a mantener la cautela y a exigir la transparencia en cada fase de ejecución.
¿Qué significa intervención en una EPS?
En el contexto del acuerdo reseñado y citando a la Superintendencia Nacional de Salud, la intervención consiste en un proceso mediante el cual el ente de vigilancia asume la administración y control de una Entidad Promotora de Salud (EPS), con el fin de solventar irregularidades en su funcionamiento, especialmente en lo referente a temas financieros o de prestación de servicios. Esta intervención puede incluir la designación de un agente interventor y la adopción de medidas orientadas a proteger los recursos públicos y garantizar la atención adecuada a los usuarios.
La intervención cobra especial relevancia en situaciones como la de la Nueva EPS, donde los señalamientos sobre la gestión financiera y la cobertura de servicios han sido motivo de preocupación regional. A través de estas acciones se pretende evitar que la crisis de una EPS derive en afectaciones mayores a la prestación de los servicios esenciales de salud.
¿Por qué la liquidez financiera es un tema crítico para las EPS?
La liquidez financiera se refiere a la capacidad de una entidad para cumplir con sus obligaciones de pago de manera oportuna. En el caso de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la falta de liquidez genera retrasos en los pagos a hospitales, clínicas y profesionales, lo cual puede provocar interrupciones en la prestación de servicios de salud y deterioro en la calidad de la atención al usuario. Tal como señalan los actores reunidos en las mesas técnicas, resolver el problema de las carteras vencidas es central para garantizar la atención continua.
Esta cuestión se vuelve aún más delicada considerando el peso que tienen grandes aseguradoras como la Nueva EPS en regiones como el Eje Cafetero, por su alta concentración de usuarios. Si la EPS carece de recursos líquidos, tanto la red hospitalaria como los pacientes enfrentan consecuencias negativas que pueden escalar rápidamente en crisis regionales de salud.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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