Escándalo de la UNGRD: Sandra Ortiz calificó como "inflada" imputación de la Fiscalía

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz Novoa, reaccionó frente a la imputación de cargos que hará la Fiscalía en su contra, por la participación como presunta mediadora de sobornos en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). La exfuncionaria del gobierno Petro es señalada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

A través de su cuenta de X, Ortiz aseguró que la diligencia de imputación a la que fue citada está “inflada” y tiene el propósito de coaccionarla. El Espectador conoció en su momento que la audiencia está agendada para el viernes 29 de noviembre a las 12:00 del día; sin embargo, la exfuncionaria aseguró también en su momento que no había sido notificada de manera formal por parte de la Fiscalía.

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“Es inaceptable que se me catalogue como ‘el eslabón más débil’ y que se utilice mi condición de mujer para atacarme sin pruebas reales”, escribió Ortiz en la red social. Argumentó que ha asistido a más de seis citaciones ante la justicia y que tiene las pruebas para desmentir ante los estrados su presunta participación en el caso de la Ungrd.

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Los enredos de Ortiz en el caso de la Ungrd

En su publicación, la exconsejera se refirió a “dos delincuentes confesos”, cuyas declaraciones la tienen enredada en el entramado de corrupción de la Ungrd. Se refiere a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad y quienes esta semana llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando ser responsables de desviar dineros públicos a sus bolsillos.

El nombre de la también exsenadora de la Alianza Verde apareció cuando Pinilla le dijo a las autoridades que ella había mediado el pago de coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

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El soborno alcanzaría los $ 3.000 millones, que habrían sido entregados por Pinilla a Ortiz en dos reuniones que se realizaron en el Hotel Tequendama, de Bogotá. El destino final del dinero era el bolsillo de los congresistas y la operación se habría dado bajo las indicaciones de López, exdirector de la Ungrd.

Según las investigaciones, el pago de esos sobornos tendría como objetivo destrabar en el Congreso los debates sobre las reformas sociales del gobierno Petro, que se discutían por ese momento. Por esa presunta participación, la Fiscalía solicitaría en la próxima audiencia la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Ortiz.

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“Usted, señor López, coordinó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República (…) conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”, expuso la Fiscalía en su momento.

El silencio de Ortiz

Pese a la incidencia del nombre de la exconsejera presidencial en las investigaciones, ella ha sido reservada sobre el caso. Lo que sí ha dejado claro es que ha sido objeto de amenazas de muerte, a pesar de su inocencia.

También ha acusado a los medios de comunicación de perfilarla y perseguirla con el seguimiento noticioso al caso. En su última publicación defendió de nuevo su inocencia y pidió respeto por sus derechos.

“Exijo respeto por mis derechos y garantías; confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso. Hasta ahora, he guardado silencio por respeto a las investigaciones, pero esta situación ha llegado al límite de lo absurdo”, concluyó.