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La Fiscalía General no solo tiene pendiente recibir el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres, para revisar si les otorga a ambos un principio de oportunidad que les garantice inmunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre la denuncia de corrupción más grave en la administración Petro.
También está pendiente que sean escuchados los contratistas de los famosos carrotanques quienes recibieron 46.800 millones en octubre de 2023, antes de las elecciones locales. Según el testimonio que entregó Sneyder Pinilla hace dos días, esos empresarios le entregaron, a él, dinero en tulas para sobornar a los presidentes del Congreso; Iván Name y Andrés Calle saben la exactitud del soborno.
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Los empresarios estarían prestos a testificar cómo funcionaba el esquema de robo y sobrecostos en la entidad.
EL COLOMBIANO estableció que a la historia le falta dinero, nombres y hechos claves que continuarán revelándose con las declaraciones y las evidencias entregadas a la Fiscalía en los próximos días. No habría sido un soborno de 4.000 millones de pesos, como dijo Sneyder Pinilla a varios medios de comunicación la semana anterior, repartidos supuestamente en 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
El soborno de este contrato, que se ganó la empresa Impoamericana Roger SAS, habría sido por $ 7.700 millones, que corresponden al 15 % de los $ 46.800 millones del total, y fueron entregados por los contratistas en tulas negras a Sneyder Pinilla.
Aunque Pinilla aseguró que el soborno se entregó a Name y Calle (ambos congresistas lo niegan) en octubre porque se iba a usar en las elecciones locales, los empresarios aseguran que entregaron el dinero en efectivo al exsubdirector en enero de este año, lo que significa una contradicción que debe ser aclarada por la justicia.
La historia es enredada como suelen ser las licitaciones en Colombia, pero se desenmaraña fácil. Bajo el decreto presidencial para la emergencia climática en La Guajira, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) realizó una licitación exprés, bajo las reglas de la contratación privada y sin estudios, para la compra de 40 carrotanques que, se suponía, iban a llevar agua potable a poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad en La Guajira.
La UNGRD envió una invitación de competición a tres empresas: Luket SAS, BRAND SAS e Impoamericana Roger SAS. En su orden, la primera presentó una oferta de valor por unidad para cada carrotanque de 1.087 millones de pesos; la segunda de $ 1.152 millones; y la tercera, que se ganó el contrato, de 1.280 millones de pesos. Aquí comenzaron las dudas.
Pese a que Impoamericana Roger SAS presentó la oferta más costosa, no pidió ningún anticipo, tampoco tenía experiencia en el sector, y su capital era de poco más de 200 millones de pesos. Estas conclusiones anómalas aparecen en un informe posterior que hizo la Contraloría General. Luego, cuando se conoció que los carrotanques estaban guardados en un parqueadero, sin ser utilizados, las conexiones no tardaron en conocerse. Los representantes y directivos de las tres empresas que compitieron estaban conectados. Como sucede en muchas licitaciones públicas, hubo un presunto pacto para que las tres compañías simularan competir pero estaba decidido que el contrato se lo iba a ganar Impoamericana Roger SAS. Y así ocurrió.
La Ungrd hizo el pago, los carrotanques fueron comprados al tercero Kenworth de la Montaña, una empresa con sede en Medellín, y entregados a la UNGRD. Sneyder Pinilla firmó el recibimiento de los vehículos, tal como recibió la parte del soborno exigido a los empresarios que compitieron en la licitación. Y luego vinieron las delaciones de la última semana.
Los testimonios
Hasta ahora han hablado López y Pinilla. El primero lo hizo a través de su abogado, José Luis Moreno. El segundo lo hizo en voz propia y también a través de su abogado, Luis Gustavo Moreno, medio hermano del defensor del primero y el famoso exfiscal anticorrupción que fue condenado por el cartel de la toga, una gran paradoja en la historia, porque Moreno fue capturado por pedir sobornos a aforados investigados por la Corte suprema de Justicia, a cambio de que sus investigaciones por paramilitarismo o carteles como el de la hemofilia, en el caso de Alejandro Lyons, fueran archivadas o prescritas. Hubo magistrados de la talla de Francisco Ricaurte condenados a su vez por los testimonios de Moreno, quien cumplió una pena de 4 años en Estados Unidos, en donde recibió el soborno de Lyons, y regresó a Colombia a colaborar con la justicia para luego ser dejado en libertad.
La estrategia
Ambos abogados tienen una estrategia clara: presionar para que la Fiscalía les conceda un principio de oportunidad tanto a López como a Pinilla, para que les quite las consecuencias penales y les garantice seguridad para ellos y sus familias.
Hasta ahora, han logrado lo segundo, porque tras varios días del escándalo, la Fiscalía comunicó que garantizará la seguridad de los testigos; además, publicó dos comunicados pidiendo independencia, respeto por el debido proceso y que no haya presiones. Esto podría anticipar que la negociación de ambos testigos no será fácil, por lo que la filtración mediática de los últimos días sería una forma de presionar para que ocurra lo que los abogados quieren. Y en el caso de Pinilla el pedido no es menor: inmunidad penal total y protección permanente.
Los delatados son esencialmente políticos. Dos funcionarios salieron ya de Presidencia por el escándalo: Sandra Ortiz, consejera para las Regiones, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia.
Ortiz es del Partido Verde y tiene fuertes vínculos políticos en Boyacá. Primero, Pinilla la acusó de ser “la mensajera” de Iván Name para supuestamente llevarle los 3.000 millones de pesos que salieron del soborno del contrato de los carrotanques.
(Vea también: Gustavo Petro asume su responsabilidad en nuevo escándalo, pero lanza dardo a Iván Name)
La defensa de Olmedo López entregó varios pantallazos de chats a este periódico donde se ven las conversaciones del exdirector Pinilla con Ortiz en donde se acordaba una reunión para septiembre de 2023, días después de entregado el contrato de los carrotanques, en una “suite del hotel Tequendama”.
La conversación muestra una insistencia por parte de Ortiz para reunirse con el entonces director de la UNGRD.
“Director, buenos días. La reunión va a ser en la suite del Hotel Tequendama”. López le contesta: “En reunión”. Y continúa Ortiz: “Excelente, perfecto quedo atenta. Han 2312. Hola”. López finalmente contesta: “En camino”, por la insistencia de la consejera.
Tras la revelación inicial de EL COLOMBIANO, Ortiz publicó en su cuenta de X otros pantallazos de conversaciones con López, con una diferencia fundamental. En sus chats, no aparecen las frases “la reunión va a ser en la suite del Hotel Tequendama”, ni tampoco el mensaje “Han 2312”. De acuerdo con fuentes directas en la historia, Han 2312 significa en realidad habitación 2312, y hay más información de estos chats con elementos comprometedores que serán entregados a la Fiscalía y harán parte de la búsqueda del principio de oportunidad de López.
🔴🔴Estas son las conversaciones 'completas', sin fraccionar, a diferencia de como lo hacen algunos medios de comunicación, donde la información se tergiversa para hacer parecer realidad una situación falsa.
Por esta razón, se publican las conversaciones que se tenían a diario… pic.twitter.com/OxbgniFPDZ— Sandra Ortiz (@SandraOrtizN) May 4, 2024
Según la versión del exdirector de la Unidad, allí se acordó la entrega del soborno por el contrato de La Guajira con la alta funcionaria de la Casa de Nariño, quien insiste en negar las acusaciones. Queda la pregunta de por qué en los pantallazos de Ortiz parecieran estar borradas algunas de sus propias respuestas.
Andrés Idárraga era el secretario para la Transparencia de Presidencia. La defensa de López entregó otras conversaciones de Whatsapp en donde este aparece pidiéndole que atienda a un alcalde de Barrancabermeja en la entidad: “La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Desde recepción han llamado mil veces hace 40 minutos”. Difícilmente las funciones de la Oficina de Transparencia del exsecretario tenían que ver con llevar alcaldes a la UNGRD para ser atendidos por el director.
Esos chats le costaron la salida por orden del presidente Gustavo Petro.
Los otros dos señalados de peso son Iván Name y Andrés Calle. El primero es el presidente del Senado, opositor al presidente en muchos temas, y ha negado las denuncias y dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades. Name, sin embargo, abandonó la plenaria del último debate de la reforma pensional en donde se aprobó el texto del Gobierno y le dejó la dirección de la sesión a la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.
Por su lado, Calle es el representante liberal más cercano al Gobierno. Se ha defendido poco y dice esperar a que los testimonios se consoliden en la Fiscalía.
Es disidente al expresidente César Gaviria y su poder en Córdoba es evidente, hace parte de una familia con enorme dominio político local, y ha acompañado a numerosos viajes al mandatario promoviendo completamente su agenda.
Aunque Luis Fernando Velasco no aparece todavía en ninguna de las matrices de colaboración que López y Pinilla entregarán como ofrecimiento, es claro que su nombre hace parte de las delaciones. Velasco estuvo en encargo por un tiempo corto en la UNGRD antes de que López llegara. Pero también se habla del senador Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador, quien fue jefe de Olmedo en la Alcaldía de Itaguí, y otras congresistas liberales que podrían ser mencionadas, según fuentes de la investigación.
El capítulo Antioquia
La otra punta que abrió el escándalo de la UNGRD es el del capítulo Quintero. No solamente por la controversia pública que mantuvieron el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, y el exalcalde que ha estado activo defendiendo al Gobierno y salió a marchar en la manifestación del primero de mayo en Bogotá, sino porque hay dos transferencias millonarias de la institución que Carrillo pidió sean investigadas.
El 28 de febrero de este año, día en que Olmedo López finalmente renunció a Gestión del Riesgo, su subdirector Pinilla, ahora compañero de delaciones, firmó un giro por 96.499 millones de pesos a Corantioquia con el fin de ejecutar acciones para la “adaptación, mitigación y corrección de los efectos del cambio climático”.
Allí también se habla de medidas para garantizar agua potable a población vulnerable.El mismo día, Pinilla firmó otro giro por 43.499 millones de pesos a Corpourabá con el mismo objeto. Estos dos movimientos llaman toda la atención porque se dieron en el momento clave de la salida de López y por parte del exsubdirector que hoy aceptó haber recibido y entregado sobornos para los contratos con los recursos públicos de la UNGRD.
Según señalaron varias fuentes de la entidad a este periódico, esos contratos se están revisando para identificar si podría haber algún papel de congresistas y excongresistas de Antioquia detrás de la consecución de esos recursos por un total de 139.998 millones de pesos.
Finalmente, Carrillo también publicó una lista de visitas a la UNGRD en donde aparecen Esteban Restrepo, el exsecretario de Gobierno de Medellín y fallido candidato a la Gobernación de Antioquia, y Juan Pablo Ramírez, otra ficha del exalcalde Quintero, hoy subdirector de normalización de expedientes pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), dependiente del Ministerio de Hacienda.Restrepo respondió que sus visitas tuvieron el objetivo de acercar a dos alcaldes del departamento para conseguir obras por riesgos en sus municipios.
“A llevar dos alcaldes de Antioquia para que los atendieran. Por eso es una entidad pública”, dijo a EL COLOMBIANO. Añadió además que lo hizo en condición de ciudadano, pero no se entiende por qué Restrepo tenía el poder de acercar hasta la administración de Olmedo López a alcaldes de Antioquia para supuestamente pedir recursos para obras.
El presidente Petro solo reconoció responsabilidad por haber nombrado a López en la dirección de la UNGRD y repitió que cualquier funcionario corrupto en su Gobierno se irá. La Fiscalía ha recibido críticas por un actuar que parece lento para la gravedad de los hechos expuestos casi que en su totalidad en los medios de comunicación, y también es cierto que sobre los hermanos Moreno sigue habiendo preguntas no resueltas por los intereses que parecen no exponer todavía.
La filtración de pruebas de un escándalo semejante no es algo común en las investigaciones penales ni en los intentos de conseguir principios de oportunidad. Lo que parece claro tras todo esto es que el escándalo más duro de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro hasta ahora comienza y ya es seguro que se convertirá en una marca imborrable de su administración durante los próximos años.
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