Irregularidades de contratos dejan a Neiva sin alcalde: fue inhabilitado por mucho tiempo

La Procuraduría General de la Nación ordenó la destitución e inhabilidad por 10 años al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por irregularidades en la ejecución de cinco contratos celebrados en medio de la emergencia por el COVID-19 por un valor de $ 8.802 millones.

(Le puede interesar: Fiscalía y Procuraduría ya tienen listas citaciones por el caso de Nicolás Petro)

Según el ente de control, se presentaron sobrecostos en los contratos que se realizaron en una campaña para la prevención del COVID-19, por un valor de $ 438 millones y otro contrato para la atención integral de los habitantes de calle por $ 425 millones.

Así mismo, habría sobrecostos en la compra de 4.500 mercados dirigidos a adultos mayores, se destinaron $ 2.389 millones dicho fin. Por otro lado, para la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se dispusieron de $ 5.250 millones y para la interventoría de este, $ 300 millones.

La Procuraduría afirmó que los contratistas no cumplían con los requisitos ni la experiencia. Por ejemplo, en el contrato del PAE, “el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos”.

(Lea también: Abren indagación a ministros del Interior y de Defensa por Los Pozos, y Petro se fastidia)

Por su parte, el alcalde se pronunció al respecto y afirmó que seguirá cumpliendo con sus funciones, así como lo ha hecho desde el 1 de enero de 2020. “La sanción de primera instancia no se hace efectiva hasta tanto se resuelva la segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, continuaré en el ejercicio normal de mis funciones, como alcalde“, dijo.

También aseguró que no comparte la valoración probatoria que realizó la Delgada, pues pasa por alto el contexto y las implicaciones que representó la pandemia derivada del COVID-19, la emergencia sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta. En razón a ello, fue que apelamos la decisión”.

De igual manera, otros funcionarios fueron declarados responsables disciplinariamente, tales como: el secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera; la exsecretaria de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez; el exsecretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez.