Trump daría un nuevo golpe a Colombia en los próximos días: hay temor por orden que ejecutaría

En los próximos días, Donald Trump deberá decidir si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas, un veredicto que podría tener consecuencias políticas y económicas profundas.

La descertificación se perfila como el escenario más probable, debido al incremento histórico de los cultivos ilícitos —más de 264.000 hectáreas según la ONU— y a la baja efectividad en la erradicación, sumado a la falta de afinidad política entre Trump y Gustavo Petro.

Una descertificación total pondría a Colombia por primera vez desde 1997 en la “lista negra”, lo que implicaría congelamiento de ayudas, bloqueo de créditos en organismos multilaterales, restricciones comerciales y limitaciones en cooperación militar.

Existe, sin embargo, la alternativa de una descertificación parcial con waiver, que enviaría un mensaje de sanción política, pero permitiría mantener cooperación en seguridad y programas estratégicos, como ocurrió en 1997 con Ernesto Samper, recuerda El Tiempo.

Esta opción sería más conveniente para Washington, pues reconoce la importancia de Colombia como aliado regional mientras se aproxima un cambio de gobierno en Bogotá, añade ese medio.

La certificación plena, aunque defendida por el Gobierno Petro, parece casi imposible. Así, el debate en Estados Unidos no se centra en si habrá sanciones, sino en qué tan severas serán y qué impacto tendrán en la relación bilateral.

Por qué Estados Unidos decide certificación en lucha antidrogas

Estados Unidos es quien decide si se certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas porque desde la década de 1980 adoptó un mecanismo legal que le otorga ese poder dentro de su política exterior.

Este mecanismo está consagrado en leyes como el Acto para la Asistencia Extranjera de 1961 y posteriormente reforzado por el Acto para las Relaciones Externas de 2003, que obligan a la Casa Blanca a evaluar cada año el desempeño de los países que son considerados grandes productores o de tránsito de drogas ilícitas. La lógica detrás de este sistema es que, dado que Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de cocaína y otras sustancias, tiene interés estratégico en condicionar su cooperación internacional al compromiso de los gobiernos con el control del narcotráfico.

La certificación no es un mero trámite, sino que determina si un país recibe o no ayuda económica, apoyo militar, acceso a créditos en organismos multilaterales y beneficios comerciales.

En el caso de Colombia, esta decisión ha sido clave porque durante décadas ha sido uno de los principales receptores de cooperación antidrogas estadounidense, especialmente desde el Plan Colombia. Si un país es descertificado, automáticamente se activan sanciones que van desde la suspensión de recursos hasta bloqueos diplomáticos y comerciales, salvo que el presidente de Estados Unidos invoque un waiver por razones de seguridad nacional.

Aunque pueda parecer una injerencia en la soberanía, la certificación responde al hecho de que gran parte de la financiación para programas de erradicación, interdicción y fortalecimiento institucional proviene de Washington. Así, el gobierno estadounidense se reserva el derecho de exigir resultados medibles y condicionar sus aportes.

Estados Unidos decide porque es quien financia, lidera e impone lineamientos en la cooperación antidrogas, y porque el consumo interno convierte al narcotráfico en un asunto de seguridad nacional para su política exterior.