El Parlamento Europeo se opuso a la vigilancia biométrica en tiempo real e impuso condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT, al aprobar la ley de inteligencia artificial que se está negociando en Bruselas para impulsar su desarrollo, limitando a su vez los posibles riesgos.

Con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, la Eurocámara fijó así su posición de cara a las negociaciones que empezarán hoy con la Comisión Europea y el Consejo de la UE para pactar el texto definitivo de la ley y que continuarán bajo la presidencia rotatoria que España asumirá el primero de julio.

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Medios internacionales reportan lo dicho por la UE:

Entre las demandas del Parlamento Europeo está la de “prohibir la vigilancia biométrica” en tiempo real en espacios públicos, en contra de lo que han defendido el Ejecutivo comunitario y los países de la UE, que apuestan por permitirla si la autoriza un juez, en casos muy específicos.

En pleno debate sobre la necesidad de regular los sistemas que son capaces de generar texto y material audiovisual, el Parlamento quiere que sus desarrolladores demuestren que han reducido los riesgos que la tecnología pueda generar a la salud, a los derechos fundamentales y al sistema democrático.

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Los eurodiputados también quieren que los usuarios que utilicen esta tecnología para generar imágenes falsas (‘deep fakes’) especifiquen que el contenido se ha manipulado mediante inteligencia artificial.

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Asimismo, piden que los desarrolladores de estos sistemas expliquen de forma “suficientemente detallada” qué datos protegidos por derechos de autor han utilizado para entrenar a la inteligencia artificial.

El Parlamento Europeo se opuso a la utilización de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos. Los eurodiputados, no obstante, sí abrieron la puerta a poderlos utilizar a posteriori, siempre con autorización judicial, para perseguir “delitos graves”.

La Eurocámara rechazó así la enmienda del Partido Popular Europeo, más laxa con la protección de los derechos fundamentales.

El PPE se mostró a favor de poder utilizar estos sistemas, con permiso de un juez, para buscar a personas desaparecidas (incluidos los menores), para prevenir un atentado terrorista y para localizar a quienes hayan cometido un delito que acarree al menos tres años de prisión.

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