También se manifestaron por las precarias medidas sanitarias tomadas frente a la pandemia del COVID-19 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), estas últimas reducidas a la restricción de visitas, la asepsia y la búsqueda activa de posibles casos de contagio.
La respuesta efectiva por parte de la institucionalidad brilló por su ausencia; sin ofrecer solución alguna a las demandas de los reclusos, esa noche, el Estado colombiano, bajo la justificación de contener un intento masivo de fuga, reprimió violentamente la protesta, dejando como resultado 23 reclusos asesinados y otros 83 heridos en la cárcel Modelo de Bogotá.
Ante esta situación, 171 organizaciones sociales y de derechos humanos, junto con 578 personas, presentaron una Carta Pública al Presidente de la República, Iván Duque, a su Ministra de Justicia y al Director General del INPEC, en la cual formularon varias propuestas para reducir el hacinamiento y mitigar los impactos del COVID-19 en las prisiones. Como era de esperarse, la respuesta gubernamental fue decretar el Estado de Emergencia Carcelaria.
Mientras el gobierno nacional y las autoridades penitenciarias discutían las siguientes medidas a tomar, y el Fiscal General Francisco Barbosa se oponía a la excarcelación masiva alegando que “nuestra criminalidad es más peligrosa que la pandemia”, el COVID-19 brotó en la Cárcel de Villavicencio, donde el 5 de abril falleció el primer recluso a causa del virus y, el de 7 abril, falleció el segundo, reportando hoy la cifra alarmante de 31 casos de presos y guardias contagiadas y 5 por confirmar.
El 14 de abril, el gobierno nacional expidió el Decreto No. 456 de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas para sustituir la pena de prisión y medidas de aseguramiento, estableciendo desproporcionadas excepciones (casi un 90% de delitos no excarcelables) y procedimientos que no permitirán la descongestión de los centros de reclusión de manera razonable.
Finalmente, este fin de semana, fuimos sorprendidos con la terrible noticia de la condena al COVID-19 a la que fueron sometidos los presos en la Penitenciaria La Picota de Bogotá y en la cárcel Las Heliconias de Caquetá, por parte del Estado Colombiano, que trasladó a presos contagiados provenientes de la Cárcel de Villavicencio, rompiendo los protocolos de cuarenta y propiciando la expansión del virus.
El Estado Colombiano debe responder por este crimen contra la salud y la vida de la población reclusa y de las personas que prestan servicios en las cárceles y penitenciarias donde fue expandido el virus a través del traslado de presos contagiados, que debieron permanecer en cuarentena y bajo estricto tratamiento médico.
El presidente Iván Duque y el director general del INPEC deben recordar que el derecho internacional obliga al Estados a respetar, proteger y realizar los derechos humanos, siendo la vida y la salud derechos fundamentales que en prisión el Estado tiene la doble obligación de garantizar, por encontrarse, las personas privadas de la libertad, en condición de especial sujeción.
Llamamos al Estado Colombiano a respetar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, en consecuencia, a cumplir con el deber jurídico de proteger a la personas privadas de la libertad, evitando que el COVID-19 continúe expandiéndose a causa de la acción u omisión por parte del Estado; así como a cumplir con el deber jurídico de investigar, identificar y sancionar a los responsables de la propagación del virus.
Es pertinente que el presidente Iván Duque le informe a los ciudadanos colombianos sobre quién dio la orden de trasladar a los presos contagiados con COVID-19 en Villavicencio a otras prisiones del territorio nacional, a fin de que el Estado Colombiano asuma públicamente la responsabilidad ante esta grave violación a los Derechos Humanos. Urge que la sociedad colombiana exija medidas urgentes para la protección de la vida de los reclusos. Nos sumamos a las voces que claman por la ampliación de decreto para deshacinar los establecimientos carcelarios, las URI y estaciones de policía que se siguen usando para recluir a personas recién detenidas, medidas urgentes de sanidad en los 138 establecimientos penitenciarios del país, realización de pruebas de Covid-19 a la población carcelaria, e impulso de mesas o sesiones de trabajo virtual con las personas privadas de la libertad.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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