El fundamento político para la adopción de esta medida legal de carácter excepcional y temporal es el de “conjurar la crisis del COVID-19 e impedir la extensión de sus efectos”.
Una preocupación que se ha expresado desde varios sectores de la sociedad civil, es que el Gobierno Nacional adopta varias medidas entre las cuales se dispone la creación del Fondo de Mitigación de emergencia (FOME), cuyos recursos provienen entre otros del presupuesto nacional, y de las entidades territoriales a través del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE del Sistema General de Regalías y el Fondo de pensiones territoriales FONPET a título de préstamo o cualquier otro que se requiera para enfrentar la situación de crisis. Esto no solo deja abierta la posibilidad que estos fondos no sean devueltos a las entidades territoriales, sino que el Gobierno centraliza recursos de fondos que son esenciales para que los departamentos y alcaldías puedan acondicionar el sistema hospitalario, equipos y atender a la población más vulnerable.
Como se recordará el FAE es un es un fondo que “promueve la estabilidad fiscal y macroeconómica a través de los principios de ahorro y estabilización, contribuyendo con la distribución equitativa de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables“. Cada departamento cuenta un % para el gasto social departamental y local. Los Departamentos con mayores porcentajes de ahorro son Meta (8,6%), Córdoba y Antioquia (5,8%), Casanare (5,5%), conforme se evidencia en el saldo de ahorro para diciembre del 2019.
Por su parte, el FONPET, es un fondo sin personería jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda que tiene por objeto recaudar y asignar los recursos a las cuentas de los entes territoriales y administrar los recursos a través de los patrimonios autónomos que se constituyan exclusivamente en las administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas o públicas.
En lugar de que el Gobierno transfiera del Sistema General de participaciones (SGP) recursos a las entidades territoriales y resguardos indígenas, para la financiación de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, conforme lo establece la Constitución, son los entes territoriales, con menor capacidad para conjurar la crisis, a quienes se les quitan los recursos en este difícil momento, y como si fuera poco el 21 de marzo se expidió el decreto 444 que establece que los recursos del FOME pueden ser usados para efectuar operaciones de apoyo de liquidez al sector financiero a través de la transferencia temporal de valores, depósito a plazos entre otras y proveer directamente financiamiento a empresas privadas, publicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional.
Es decir, que parte de los recursos para la salud, pago de médicos y personal de sanidad, equipos y atención a la población mas pobre y vulnerable será destinado a entidades financieras que en el año 2019 alcanzaron utilidades de más de $21,5 billones, encabezadas por los bancos que ganaron más de $11 billones.
A casi un mes de cumplirse el plazo de la emergencia económica, y sin conocimiento sobre la posición que asumirá el presidente Iván Duque frente a su prórroga, ya se hace visible la presión política y económica de algunos empresarios, que en tono apocalíptico resumen el momento como perjudicial para el desarrollo del país.
La argumentación económica presenta una sola cara de la moneda, entre tanto, omite el reconocimiento de responsabilidades políticas y sociales por cuenta de los efectos del neoliberalismo como “administrador” de la desigualdad en Colombia, que vemos hoy latente sobre todo en el sistema de salud. También desconocen que la ineficacia de los derechos humanos -por lo menos en la región-está soportada en una visión de crecimiento económico que privilegia la explotación irracional de los recursos naturales con ayuda de legislaciones del trabajo y ambientales, que perjudican los derechos de las y los trabajadores, ignorante de la cosmovisión de los pueblos indígenas y protección real a un ambiente sano.
Las pretensiones de una reactivación inmediata de las actividades económicas flexibilizando aspectos constitucionales como la consulta previa, la contratación por horas o el otorgamiento de licencias ambientales “express”, serían un desastre para nuestro Estado Social de Derecho que agravaría la crisis que estamos viviendo.
Nuestras reglas democráticas siempre deben estar sobre la mesa bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que las circunstancias actuales no sirvan de excusa para tramitar la economía con viejas prácticas clientelares de quienes detentan el poder político. Si el gobierno llega a asumir la posición empresarial, estamos en riesgo de repetir lo sucedido en Bérgamo, Italia, quien por cuenta de decisiones que solo beneficiaban a los empresarios bajo el eslogan “Bérgamo no se detiene”, multiplicaron entre febrero y marzo la cifra de trabajadores muertos por COVID-19, en un 400%.
Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia instamos al Estado en la adopción e implementación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la resolución 01/2020.
Las agendas empresariales no pueden imponerse sobre la vida y la integridad de miles de personas bajo el simple criterio de ser “económicamente activas”, asumir dicha postura sin comprometerse en otorgar materiales de bioseguridad requeridos por cuenta de la emergencia sanitaria, es un abuso de autoridad que desconoce principios básicos de los derechos humanos.
Es buen momento para el rescate, la activación y promoción de iniciativas económicas que durante las últimas décadas han promovido los movimientos sociales en Colombia. La apertura al diálogo es una necesidad que apremia. Por este motivo, va siendo hora de convocarnos con el compromiso y bajo el fundamento de los derechos de los pueblos, en la búsqueda y construcción colectiva de propuestas que ambienten la visión de un mundo mejor.
Columnas anteriores
En pandemia, el petróleo y el carbón no solucionan el hambre
Pandemia carcelaria: “te hablo desde la prisión”
Mataron a Marco: erradicación forzada está matando el liderazgo en Colombia
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
