Tres hombres vestidos de civil se lo llevaron junto con otros dos líderes y lo asesinaron en absoluto estado de indefensión. Marco era un líder campesino, defensor de derechos humanos dirigente político y social, presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís – Asocpuertoasis.
Había sido elegido como delegado y vocero por el Nodo Sur-occidente al Comité Operativo de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos plataforma de DDHHH que reúne a más de 260 organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia.
Esa fue la última vez que lo vi. Era un martes 21 de enero y nos habíamos reunido para revisar nuestras acciones como plataforma nacional para el año 2020. Marco se caracterizaba por su lenguaje sencillo, tenía un rostro curtido por el sol que develaba sus largas jornadas en estos campos olvidados de la mano estatal. Esto no lo doblegaba y mantenía su compromiso en la defensa de las comunidades campesinas. En la reunión nos manifestó sus preocupaciones por el incumplimiento del Gobierno de Iván Duque con el Acuerdo de Paz, y en especial del punto 4 sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, así como los riesgos que enfrentaban las comunidades por el incremento de presencia de la Fuerza Pública y estructuras armadas ligadas al narcotráfico que actuaban con la más absoluta impunidad.
Me despedí de él con un abrazo fuerte y solidario, sin dejar de sentir la angustia de que algo le pudiera pasar, y es lógico cuando cada día evidenciamos la falta de voluntad política de un gobierno que no garantiza la vida de quienes ejercen la defensa de derechos desde los territorios, desde las comunidades, desde esa Colombia profunda que persiste en la defensa de la paz y la justicia social.
Marco venía participando en la Mesa de Diálogo y Concertación para la transformación de territorios con presencia de cultivos de coca en Puerto Asís, Putumayo –MDCP, espacio de interlocución y concertación de vocerías de organizaciones sociales y veredales con el Gobierno Nacional.
En este proceso defendió las propuestas de las organizaciones para el funcionamiento de esta mesa, que consideraban debía tener como objetivos:
- Avanzar en una solución dialogada y concertada para a la transformación del territorio con presencia de cultivos de coca en el Putumayo
- La construcción de una política pública que se orientara al desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria como base para la sustitución voluntaria, la transformación del campo
- La creación de condiciones de bienestar y buen vivir de la población rural en Puerto Asís
- Garantizar los derechos del campesinado a la sustitución voluntaria, concertada y progresiva la cual debía incluir un mínimo vital, para hacer posible una vida digna y la permanencia de las comunidades en el territorio.
Para Marco la participación decisoria era fundamental para la construcción de propuestas de transformación territorial a los que llamó ‘Planes Integrales de Vida y Desarrollo Comunitario’, y, por supuesto, la participación de las mujeres campesinas en todo el proceso de diálogo, concertación, construcción e implementación de propuestas productivas tanto en los espacios políticos como técnicos. Esta agenda la quiso llevar al Gobierno de Estados Unidos, pero la estigmatización de su liderazgo condujo a que, por una errada política antidroga, su visa le fuera negada.
Marco insistió ante el Gobierno Nacional en que brindara garantías para la vida e integridad, pero lo mataron, lo mataron por abanderar estas propuestas y se convirtió así en otra víctima de lo que denunciaba: del incumplimiento del Gobierno de Duque con el Acuerdo de paz y especialmente en la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito a través de los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS.
Este programa es la oportunidad para el campesinado cocalero, para la sociedad y el Estado colombiano, que va a permitir que campesinos productores de hoja de coca- el eslabón mas débil de la cadena global- puedan sustituir estos cultivos, como ya lo están haciendo las comunidades vinculadas a este programa y en cumplimiento del Acuerdo de Paz, y que ha sido demostrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, la cual ha verificado la erradicación voluntaria de 35.135 hectáreas de cultivos de uso ilícito, lo que indica el cumplimiento de la erradicación voluntaria del 95%.
El Gobierno de Duque no ha hecho lo mismo. Sigue incumpliendo y desfinanciando este programa que hoy se encuentra en un estado precario de implementación. Una reciente encuesta realizada por un equipo de la Universidad Nacional de Colombia entre participantes del PNIS de los municipios de Tumaco y Puerto Asís, estableció que a pesar que los ingresos económicos de los campesinos -en su mayoría pequeños propietarios o tenedores-, se reducían ostensiblemente al entrar al programa de sustitución, pero estaban convencidos que el programa les iba a permitir incorporarse a economías licitas sostenibles y legales. Asimismo la encuesta determinó que la erradicación forzada y las aspersiones aéreas de glifosato han generado altas tasas de reincidencia, sin embargo, el Gobierno de Iván Duque ha priorizado la erradicación forzada como lo establece en su Plan Nacional de Desarrollo en donde es seis veces mayor a la de la sustitución voluntaria.
El PNIS guarda una estrecha relación con el punto 1 sobre reforma rural integral y las transformaciones del territorio que implican servicios públicos esenciales, vías de comunicación, satisfacción de derechos sociales y económicos, que es nada más y nada menos que la paz territorial por la cual debemos persistir, hoy mas que nunca cuando la pandemia del COVID-19 nos muestra que el campesinado es el único capaz de garantizar la seguridad alimentaria. Ojalá lo que nos está pasando nos lleve a reflexionar sobre la situación del agro colombiano y la exigencia al Estado por la reforma rural integral.
El día que mataron a Marco Rivadeneira también fue asesinado Ángel Ovidio Quintero, líder de la asociación de mineros artesanales y presidente del Concejo de San Francisco (Antioquia). Por su parte, la ONIC denunció que en la mañana del 24 de marzo fueron asesinados dos líderes indígenas Embera y otros dos resultaron heridos en el corregimiento de Naranjal en Bolívar, Valle del Cauca cuando estaban cumpliendo con la cuarentena por el COVID-19 y la Organización Femenina Popular – OFP denunció el asesinato, este 25 de marzo, de la lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez en el municipio de San pablo- Sur de Bolívar.
Por eso no quiero terminar sin recordar que hace poco más de dos semanas, en el marco de la realización de la Mesa Territorial de garantías para defensores de derechos humanos del suroccidente que tendría lugar en la ciudad Popayán, las organizaciones decidieron no asistir a este espacio convocado por la Ministra del Interior, Alicia Arango dada sus declaraciones en las que afirmó que se morían más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos, con lo cual no solo minimiza la situación de riesgos y amenazas para la vida e integridad que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y que en el gobierno de Duque ha cobrado la vida de por los menos 423 personas defensoras de derechos humanos (Indepaz 2020).
Tampoco que según el informe de la OACUDH, el 65% de los homicidios representan a personas que trabajaban por los derechos de comunidades y grupos étnicos “Manteniendo una tendencia documentada desde 2016” a lo que se suma el asesinato de por lo menos 206 excombatientes que le apostaron al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y 39 de sus familiares.
El Acuerdo de paz sigue siendo la principal garantía para la vida y el respeto de los derechos humanos. ¡Basta ya de asesinatos!
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