Hace pocos días la Oficina de la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos humanos (Oacnudh) presentó su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, y dentro de sus recomendaciones instó a que se inicie una profunda transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza, de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales.
Esta recomendación está alineada con el Consejo de Seguridad de la ONU, que en diversas resoluciones ha expresado que la reforma del sector de la seguridad es clave para el mantenimiento y consolidación multidimensional de la paz, y es requisito básico para abordar las causas del conflicto y sentar la paz para la paz y el desarrollo.
Asimismo, para garantizar que las personas estén más seguras a través de instituciones de seguridad eficaces y responsables, que operen bajo el control civil dentro del marco del estado de derecho y los derechos humanos. Así que las recomendaciones de la oficina de la alta comisionada pueden ser presentadas por el Gobierno de Duque como una intromisión en la soberanía cuando, precisamente en Colombia, el Esmad se ha caracterizado por un patrón de violaciones permanentes a personas y comunidades que reclaman derechos.
El Esmad fue creado en 1999 bajo el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango. Varias voces autorizadas de la sociedad civil manifestaron entonces sus preocupaciones frente a esta decisión gubernamental al considerar que el tratamiento a las legítimas protestas sociales que se estaban llevando a cabo en el país era brindar soluciones a sus demandas y no la represión de las mismas, pues se auguraban mayores violaciones de derechos humanos.
Veinte años después la historia nos da un veredicto contundente: el Esmad es un cuerpo policial que está marcado por 20 años de violaciones graves a los derechos humanos. Las cifras muestran que a manos del Esmad han perdido la vida no menos de 34 personas, la mayor parte de ellas, en el marco de protestas sociales. Igualmente, este escuadrón de la Policía ha incurrido de manera sistemática en torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes de sus víctimas, pero también golpizas a personas en estado de indefensión, disparos al cuerpo y ojos de manifestantes que han dejado un sinnúmero de víctimas en toda la geografía nacional, en ocasiones usando armas prohibidas como las que llaman “recalzadas”, o armas letales, mostradas como “armas menos letales”. Con una de ellas, cargada con esferas metálicas, mataron a Dilan Cruz.
En las protestas de diciembre de 2019 y en enero de 2020, las organizaciones de derechos humanos registraron 1.351 personas detenidas, la mayor parte de ellas, bajo la figura del código de policía denominada eufemísticamente “traslado por protección”, que en realidad constituye una detención arbitraria, que suele estar acompañada de golpizas, disparos con armas taser (choques eléctricos), traslados en vehículos previamente gaseados, y “paseos” por la ciudad durante horas antes de ser llevados a los lugares destinados para estos casos, lo que pone en riesgo a las víctimas de ser desaparecidas forzadamente.
Es claro que el Esmad no respeta la protesta social como un derecho ni como un ejercicio ciudadano legítimo y democrático, porque su formación está basada en doctrinas que ubican a quienes reclaman como “enemigos internos”, a quienes hay que aplastar, a quienes hay que impedirles que hagan concentraciones y movilizaciones, a quienes hay que gasear y dispersar si se atreven a cantar el himno nacional en la Plaza de Bolívar.
Abundan los registros fílmicos que muestran las salvajes acciones del Esmad contra quienes participan en las protestas sociales, e incluso contra el descuidado transeúnte que cae en su poder. Actúan en contravía de la Constitución y en abierto desacato a las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos.
A esta sistemática violación de derechos humanos se suma la sistemática impunidad que las encubre. No existe una sola sentencia condenatoria por los homicidios y torturas cometidas. Solo en el Paro Agrario murieron por acciones del Esmad, 13 personas, sin que haya una sola condena a la fecha. Pareciera que existiera una ley que les permitiera matar sin riesgo de ser investigados o condenados por la justicia. Lamentable que la Fiscalía General de la Nación no asuma su obligación de investigar con eficacia estos crímenes, lo que en últimas se traduce en estímulo para que se sigan cometiendo estos atropellos.
A quienes pagan impuestos, el funcionamiento del Esmad les está costando cifras escandalosas. Estudios recientes indican que entre 2001 y 2018, el erario destinó para ese cuerpo represivo la suma de $84.688.056.851. La alcaldía de Peñalosa entre 2016 y 2018, gastó en compra de equipamiento $20.249.837.771. No tiene presentación que se malgasten recursos en un cuerpo represivo comprometido en tan graves violaciones de derechos humanos.
Esa fatal historia que arrastra el Esmad ha provocado que desde las organizaciones de derechos humanos y las víctimas, se reclame su disolución. Otros exigen reformas, como el caso de la Oficina de la Alta Comisionada, situación que ha despertado la ira presidencial, que, sin vergüenza alguna, se atrevió a vociferar el fallido argumento de la soberanía, lo que indica que el gobierno no tiene la más mínima intención de liquidar esta organismo, de reformarlo ni de alentar que los responsables de esas graves violaciones de derechos humanos sean sancionados.
En todo caso, corresponde a los sectores democráticos mantener vigentes sus pedidos de reformas de ese cuerpo policial, o su disolución, tal como ya ocurrió con la Brigada XX o más recientemente con el extinto DAS.
No podemos permitir que la fuerza pública y los organismos de inteligencia sean instrumentalizados para afectar los derechos fundamentales de la población, en lugar de cumplir con los fines que la Constitución Nacional establece. La Fiscalía, por su parte, tiene una deuda histórica con las víctimas y la sociedad, de investigar y sancionar los crímenes del Esmad. No más impunidad. Colombia en tiempo de posacuerdo reclama una fuerza pública para la paz.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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