Pese a que este Departamento muere de sed la empresa y el Gobierno insisten en mantener el desvío que está matando el arroyo Bruno.
La Corte determinó, en la Sentencia SU 698 del 2017, varias irregularidades en el proceso y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional conformada por varias entidades estatales con el fin de que resolvieran siete incertidumbres técnicas, sociales y culturales e incluso relacionadas con el cambio climático, con la participación efectiva y real de las comunidades Wayuu.
Uno de los primeros puntos de debate entre las comunidades y el Estado, es sobre la orden octava de la sentencia, las entidades deben evaluar bajo el principio de precaución, si como medida provisional y para la protección del arroyo, ante el inminente riesgo en el que se encuentra, las aguas deban regresar a su cauce natural y no continúe desviado, mientras se resuelven las incertidumbres.
La mesa informó sorpresivamente que la decisión ya estaba tomada, las comunidades solicitaron e insistieron en la socialización del concepto técnico bajo el cual el Estado tomó la decisión y además exigieron la presencia de los técnicos y expertos no solo de las entidades sino de los que fueron llamados a intervenir como terceros dentro del proceso por parte de la Corte.
La mesa, socializó el concepto a través de un video, muy bien armado, con música de fondo y con una buena traducción al wayuunaiki, pero en cuanto terminó, se alzaron las voces de protesta de las comunidades, lo tacharon de falso y mentiroso.
Indican en el concepto que la razón por la cual el arroyo continuará desviado, es porque han observado como el cauce artificial ya está presentando servicios ecosistémicos, sobretodo y lo que mas llamó la atención a las comunidades es que el concepto señala que analizada la relación costo beneficio se concluye que el traslado del tramo del arroyo realineado a su cauce natural traería más pérdidas en términos de bienestar social que beneficios, y que no se encuentran criterios para considerar que se esté poniendo en riesgo la disponibilidad del agua o el funcionamiento de las coberturas vegetales asociadas o los servicios ecosistémicos prestados a la comunidad.
Una de las mujeres Wayuu, manifestó que esto era como el mundo al revés, que además de estarles robando su derecho a soñar, les mentían sobre su propio territorio, el que han caminado, del que se han abastecido milenariamente, señaló que ella no era “técnica” ni “experta” pero que no se necesitaba serlo, para darse cuenta de la mentira, “para la muestra un botón, dicen que el cauce artificial ya tiene árboles y que la empresa se ha preocupado por sembrar, y dicen que sembraron Dividivi, lo creen a uno como tonto, si es que el dividivi no se da en las riveras de los ríos, y entonces vale mas el tapón de la empresa, que nuestro derecho al agua”.
Y así varios ejemplos empezaron a salir a flote, hasta que la gente empezó a pedirle a la viceministra de ambiente que entonces se fueran hacer el recorrido por el cauce artificial para que mostraran donde estaban las 20 especies de peces que dicen que encontraron, y para que señalaran las aguas que dicen que están corriendo por ese cauce, cuando justamente lo que las comunidades les están diciendo es que del tramo desviado para abajo no hay agua.
Las comunidades solicitaron a los expertos independientes que acompañaron la reunión que dieran sus impresiones al respecto, la conclusión fue que ni siquiera hay elementos serios y científicos sobre los cuales discutir, y para colmo de males, fue el mismo funcionario de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien al final y ante la imposibilidad de contestar las preguntas de las comunidades y de los expertos independientes, manifestó que este no era un estudio serio y profundo.
¿Y entonces, que se puede pensar de este tipo de respuestas del Estado? Está en juego la supervivencia del pueblo Wayuu, la defensa de sus únicas fuentes de agua, de las pocas que les quedan, porque hay que recordar que según lo advierten las comunidades, la empresa ya ha destruido mas de 19 arroyos; la socialización del concepto técnico y sobretodo la falta de respuestas serias, lo que generan son mayores dudas entre las comunidades, siendo una etnia en peligro de extinción, ¿qué relación tiene el desabastecimiento de agua con la explotación de carbón?, ¿no correspondería defender los intereses de la nación y de un pueblo?
Con este tipo de actuaciones por parte del Estado se reabre el debate sobre la necesidad de conocer los verdaderos costos de la minería en el país, pues se sigue defendiendo los proyectos que por lo menos desde la economía ya dejan muchas preocupaciones, pues no son tan ciertas las ventajas que pretenden vender a la sociedad colombiana.
En este momento está en manos de la justicia colombiana hacer el seguimiento del cumplimiento o no de las ordenes dictadas por la Corte Constitucional, un seguimiento que ante estas situaciones no debe ser solo formal, sino sustancial y definitivo, el pueblo Wayuu no resiste más.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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