En Colombia ha persistido una violencia sociopolítica, entendida como hechos de persecución o discriminación por razones de orden político contra personas pertenecientes al movimiento social, sindical, campesino, de derechos humanos y partidos políticos de oposición, entre otros. Y han adquirido la connotación de crímenes de lesa humanidad y prácticas de genocidio.
Esta violencia no ha sido “difusa e indiscriminada”, tampoco es una violencia originada en el conflicto armado o en lo que se ha llamado “lucha contrainsurgente”, sino que está directamente vinculada a la existencia y al desarrollo de conflictos sociales, políticos, económicos, laborales, ambientales y de exigibilidad de derechos. La violencia se ha usado por sectores del Estado de manera sistemática para debilitar o desterrar el ejercicio de la reivindicación social y de derechos o de aquello que se considera amenaza a los intereses de élites en el poder.
La verdad es un presupuesto básico para garantizar la no repetición de crímenes atroces, pues sólo conociendo el pasado podemos como sociedad no solo poner en marcha mecanismos que impidan la repetición de los crímenes, sino luchar contra la arbitrariedad del poder y, en particular, contra el uso que puede hacer del olvido para lograr la impunidad de sus prácticas violatorias de los derechos humanos.
El gobierno de Iván Duque y partidos que lo apoyan han venido impulsando estrategias para imponer una verdad oficial encaminada a negar a las víctimas de la violencia estatal, las intencionalidades de esta violencia y desconociendo las consecuencias que originó. Esta política de negacionismo busca ocultar y encubrir responsabilidades y perpetuar la impunidad estructural en los crímenes que vinculan como responsables a agentes del Estado y a terceros.
El negacionismo se ha materializado en varias decisiones:
1) El decreto presidencial 502/2017, que dio asiento en el Consejo Directivo del Centro Nacional del Memoria Histórica (CNMH) al Ministerio de Defensa, el posterior nombramiento de Darío Acevedo, profesor negacionista del conflicto armado, y la decisión de reorientar el CNMH en cuanto al tipo de memoria y voces que deben escucharse.
2) La orden de operaciones contra la verdad y la memoria a través del plan No 002811 de uso restringido del 13 de marzo del 2019, emitido por el comandante general del Ejército, Nicasio de Jesús Martínez, en el cual se fijan “directrices para la construcción de una narrativa marco del conflicto armado”, especialmente en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Se hace a través de un plan que contiene líneas de contra argumentación y visibilización de afectaciones a las víctimas militares, sin que se haga ninguna referencia a la obligación de contribuir a la verdad frente a sus responsabilidades en violaciones a los derechos humanos.
3) La expedición de la Ley 1979/2019 sobre veteranos de la Fuerza Pública, la cual compromete al CNMH a disponer de espacios físicos para exponer las historias de vida de los veteranos y difundir material que honre su memoria.
4) La falta de voluntad de altos mandos militares comparecientes ante la JEP para aportar verdad y la censura emprendida por los militares contra las acciones de memoria y denuncia del Movimiento de DDHH, entre otras situaciones
Frente a esta política negacionista, las víctimas de la violencia estatal persisten en la lucha por la verdad y la memoria y para que la Comisión de la Verdad asuma en su informe una explicación diferenciada a la violencia estatal, que contenga los mínimos que se han logrado establecer a partir de la verdad construida de abajo hacia arriba con las víctimas, los modus operandi y patrones de agresión, las estructuras y complicidades que han demostrado que esta violencia, entre otros elementos, se sustentó en doctrinas militares y dispositivos legales e ilegales que fabricó un “enemigo interno”. Se incluyeron a sectores sociales y políticos que reivindicaban derechos, quienes fueron blanco de políticas de estigmatización para legitimar su persecución y que fue dirigida principalmente hacia sectores democráticos para socavar las fuerzas democráticas, mantener el ‘statu quo’ y un modelo político de democracia restringida.
La represión usó diversos dispositivos, uno de estos el paramilitarismo que, por vía de la fuerza y el despojo, contribuyó a un reordenamiento territorial para favorecer el latifundio, la concentración de la propiedad de la tierra y los bienes de producción. Y que además llevó al debilitamiento del campesinado por vía del exterminio físico y la eliminación de su subjetividad política como sujeto colectivo. Esto condujo a la crisis de la producción agrícola y hoy las grandes empresas son las que determinan el uso del suelo, afectando la seguridad alimentaria, la economía campesina y la implantación de un modelo agroindustrial. Se beneficia, además, la profundización de un modelo extractivo y el fortalecimiento de lo militar para la defensa de estos intereses privados.
A propósito de los tres años de la firma del Acuerdo de Paz y del Día Internacional de los Derechos Humanos, se organizó en Bogotá, entre lunes y miércoles de esta semana, el Primer Encuentro Nacional por la Verdad, organizado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
El evento tuvo como propósito validar estos y otros mínimos de verdad sobre la responsabilidad del Estado en las graves violaciones perpetradas, presentarlos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y que, desde ese espacio, se reconozcan las víctimas y los responsables, el derecho a saber de la sociedad y los impactos que ha tenido en el modelo político, económico y social que tenemos hoy. Igualmente, que desde la perspectiva de no repetición se dé cumplimiento integral al Acuerdo de Paz y sus puntos sobre reforma rural integral y la solución a los cultivos de uso ilícito, el derecho a la participación, las garantías para la vida y los derechos humanos, así como la reforma a las fuerzas militares y su doctrina.
El Encuentro corre por la misma vía de esa población que por casi tres semanas ha levantado la voz para exigir mejores condiciones de vida y que ha sumado a diferentes sectores. Todo está relacionado con la paz y, por supuesto, con la verdad.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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