Organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, sindicalistas, periodistas independientes también son víctimas de esta práctica del Estado.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización a la que pertenezco, no ha sido ajena a estos mecanismos de persecución los cuales han sido impulsados y tolerados desde las mas altas esferas del Estado colombiano.
El Cajar es una organización que desde hace mas de 40 años ha promovido y defendido el humanismo, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la paz, los derechos de la naturaleza, los derechos individuales y colectivos de toda la población, especialmente las más excluidas y vulnerables, en particular ha acompañado a las víctimas en sus reclamos de justicia, verdad y reparación y garantías de no repetición sobre las graves violaciones y crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por agentes estatales y estructuras paramilitares que han actuado con su complicidad y anuencia y apoyo de sectores económicos. Todas ellas, labores legales, legítimas y necesarias en una sociedad democrática.
Ha sido esa búsqueda de estas verdades ocultas desde el poder, lo que ha originado amenazas, persecuciones a sus integrantes y familiares a través de campañas de estigmatización, judicialización, amenazas, ataques, seguimientos, interceptación ilegal de comunicaciones y otros actos de intimidación, así como la descalificación por parte de agentes del Estado y algunos actores de la sociedad que no aceptan ser criticados y fiscalizados por sectores de la sociedad civil que trabajan por que el Estado colombiano cumpla son sus obligaciones internacionales en materia de garantía y protección de los derechos humanos.
Basta recordar la gigantesca operación realizada por el DAS durante el Gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez en la que organizaciones de la sociedad civil, periodistas, órganos del poder judicial entre otros, fueron calificados de “tendencia opositora” y declarados blancos estratégicos por el denominado G3 creado al interior de este organismo de seguridad, con el objetivo de “restringir y neutralizar” las acciones que desarrollaban sus blancos.
Para el caso del CAJAR la operación de inteligencia se denominó “Transmilenio” que incluyó acciones de espionaje ilegal, interceptación ilegal de comunicaciones, construcción de datos biográficos de varios integrantes del Cajar con información sobre las personas que integraban sus núcleos familiares, incluyendo los hijos e hijas menores de edad, información financiera, tarjetas decadactilares, registros migratorios, cuadro de contactos, notas de contrainteligencia con la identificación de las principales actividades laborales y declaraciones públicas, registros fotográficos y documentales etc., todo esto usado para perseguir, deslegitimar, amenazar y atacar a los integrantes del CAJAR y familias.
Múltiples investigaciones se adelantaron, algunos integrantes del DAS fueron condenados a penas irrisorias por delitos relacionados con la violación y utilización ilícitos de equipos transmisores, sin que la justicia reconociera la existencia de un crimen de persecución política. Pese a las múltiples pruebas que indicaban que la información ilegal era suministrada a Presidencia nada ha pasado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde duerme un proceso adelantado en contra del expresidente Uribe Vélez desde hace mas de 9 años.
El DAS desapareció en 2011 junto con los archivos que hubieran contribuido al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Varias de las funciones de este órgano fueron reasignadas a otras entidades, se expidió la ley 1621 en el 2013 conocida como ley de inteligencia y contra inteligencia, sin embargo, las acciones de inteligencia ilegal no desaparecieron, sino que persistieron y confirmaron la práctica histórica y sistemática de persecución a través de la inteligencia ilegal que involucra a altos mandos militares, autoridades civiles y van mas allá de unas cuantas “manzanas podridas”.
Las revelaciones de Semana confirman una práctica sistemática
Efectivamente las carpetas secretas reveladas por la revista Semana el pasado fin de semana, dan cuenta de la utilización de sofisticados equipos de tecnología y programas de seguimiento informático en contra de por lo menos 130 personas, dentro de las cuales hay integrantes de organizaciones de derechos humanos, sociales, periodistas etc. Estas acciones hacen parte de una cadena de operaciones ilegales que han persistido al interior de las fuerzas militares que incluyen delitos de corrupción perpetrados al interior del Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando Conjunto de Inteligencia, la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, y acciones de interceptaciones realizadas durante varios años que incluyen la realizada por el Ejercito Nacional a través de la “sala gris” que funcionó en la Central de inteligencia y Contra Inteligencia Militar – CIME- y la “sala Andrómeda” que funcionó en un local ubicado en el sector de Galerías y que tuvo entre otros objetivos la interceptación a los negociadores de La Habana.
En el marco de estas investigaciones el hacker Andrés Sepúlveda hizo presuntos señalamientos contra el expresidente Uribe Vélez, como lo han publicado varios medios de comunicación, y esto habría motivado la apertura de una investigación preliminar y la orden de inspección y allanamiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia en cabeza de la magistrada Cristina Lombana que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Batallón de Ciber Inteligencia (Bacib) y al Batallón de Contrainteligencia de seguridad (Bacsi) ubicados en Facatativá. Fue precisamente en este allanamiento donde se habría encontrado innumerable información de “perfilamientos” seguimientos, vigilancias, interceptaciones y de los cuales fueron víctimas integrantes del Cajar. Cabe recordar que estos batallones hacen parte de las Brigadas de inteligencia militar, que dependen del Comando de apoyo de inteligencia Militar (Caime) y del comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
Los hechos denunciados por Semana demuestran como se repiten las operaciones ilegales contra el Cajar y la comunidad de derechos humanos. Para las fuerzas militares y organismos de seguridad del estado la actividad de defensa de derechos humanos es percibida como una amenaza a la “seguridad nacional” y bajo el concepto del “enemigo interno” se convierten en blanco de operaciones ilegales de fuerzas estatales. Como sociedad no podemos seguir tolerando el uso arbitrario del poder. El trabajo que desarrollan personas defensoras de derechos humanos es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado Social de Derecho, y el Estado está en la obligación de garantizar su labor, protegerlos, erradicar las violaciones e investigar seria y eficazmente las violaciones a los derechos humanos.
La inteligencia se usa para combatir el delito conforme a la ley, y no para perseguir a quienes trabajamos por que el Estado se legitime a partir del respeto y garantía de derechos humanos. No podemos seguir tolerando la vigilancia y el terror a quienes desarrollamos actividades legítimas. Insistimos en la discusión pública sobre los límites a la labor de inteligencia en una democracia y llamamos a la sociedad colombiana para que exija reformas urgentes y estructurales al Sector Defensa y Seguridad que incluya el cambio de su doctrina, la rendición de cuentas y controles civiles y judiciales efectivos e independientes, y tal como lo expresó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la “regulación e implementación de las actividades de inteligencia debe guardar correspondencia con la protección de los derechos humanos, no vulnerarlos” .
Reclamamos al Congreso de la República para que con la participación de las organizaciones de la sociedad civil se hagan reformas legislativas para el ejercicio del derecho a la información sobre las actividades ilegales de inteligencia.
La desclasificación de los archivos de inteligencia sobre violaciones a los derechos es un imperativo en esta etapa transicional en Colombia. Esclarecer la verdad sobre las violaciones cometidas en el marco de operaciones encubiertas y de inteligencia ilegal permitirá establecer las medidas que debemos adoptar para que estos hechos no se repitan, que en todo caso deben incluir la investigación y sanción de los máximos responsables, el reconocimiento de esta práctica sistemática, la depuración de funcionarios comprometidos en estas actividades y el reconocimiento de responsabilidad política del Presidente de la República por estos graves hechos.
Nos sumamos a la petición efectuada por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que solicitó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la entrega de los documentos relacionados con los seguimientos y espionajes informáticos, “a fin de esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”.
El Cajar continuará exigiendo garantías para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia y persistirá en la exigencia de verdad completa para saber ¿quién dio la orden? y la sanción de los máximos responsables y pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas. No nos callarán.
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