Colombia y Venezuela son países herederos de una misma causa. Nuestros   pueblos originarios fueron sometidos a prácticas genocidas y ambos enfrentamos procesos similares de colonización y dominación de territorios. Han pasado cuatro siglos desde que logramos la independencia en una gesta histórica liderada por Simón Bolívar y, desde la disolución de la Gran Colombia, los dos Estados han manejado sus relaciones diplomáticas mediante las leyes y costumbres internacionales, sobre los principios de respeto a la soberanía, la no intervención en los asuntos internos, el diálogo constructivo, el respeto mutuo y la convivencia pacífica.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2 mil kilómetros. Se calcula que por lo menos 5 millones de colombianos migraron a Venezuela por el conflicto armado interno y por razones económicas. Mientras que en Colombia en los últimos años habrían ingresado, según Migración Colombia, cerca de 1.8 millones de venezolanos, el 44% de los cuales se encontrarían en situación regular, mientras que el resto no tendrían documentos, ni permisos de trabajo.

Estas cifras develan problemáticas similares que en distintos tiempos de la historia comparten estos dos países y que exigiría, en este tiempo de pandemia, que sus relaciones internacionales estuvieran dirigidas a resolver estas conflictividades y poner por encima de las diferencias políticas la defensa de la vida y el bienestar de sus conciudadanos.

Venezuela jugó un papel destacado en el proceso que llevó a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Sin embargo, con la llegada de Iván Duque a la presidencia, las relaciones entre ambos países se deterioraron al punto de originar la ruptura de relaciones diplomáticas.

Por su parte, Estados Unidos ha adoptado sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro que han profundizado la crisis política y económica e impactado en el disfrute de derechos para el pueblo venezolano. Las medidas han transitado desde el embargo económico, sanciones contra cualquier empresa o individuo que fuera de Venezuela haga negocios directa o indirectamente con el Gobierno, la promoción de acciones al interior de la OEA y la ONU para la intervención en Venezuela, la sanción a magistrados de la Corte Constitucional por no apoyar al opositor Juan Guaidó, entre otras.

Adicionalmente, en la primera semana de marzo los gobiernos de Colombia y Brasil firmaron con el Comando Sur de Estados Unidos que dirige operaciones militares en el Caribe, Centro y Suramérica un acuerdo bilateral de defensa con el objetivo de “mejorar o suministrar nuevas capacidades militares” y posterior a esto, funcionarios del Gobierno de Colombia y personal de las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron en  varias zonas de la Guajira ejercicios militares conjuntos para “perfeccionar habilidades y competencias en el ámbito operacional y humanitario”.

Estas acciones junto la apertura de cargos por narcotráfico contra Maduro y 11 funcionarios de su gobierno y el ofrecimiento de recompensas que se acercan a los 50 millones de dólares, hacen prever un grave escenario de intervención militar que no solo afectaría a Venezuela sino también a Colombia y otros países de la región. Una guerra en la región tendría nefastas consecuencias, entre ellas, incalculables costos en pérdida de vidas y una catástrofe humanitaria de enormes proporciones.

Estas medidas van en contravía de los principios de la OEA y ONU que llaman a los Estados Partes a abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra otro u otros Estados, pues esto afecta el principio de la “no intervención”, el principio de igualdad soberana de los estados, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Antonio Guterres, actual Secretario General de la Naciones Unidas, recientemente clamó por “el cese al fuego inmediato en todos los rincones del mundo”, justamente para aunar esfuerzos para derrotar al COVID-19, que hoy se constituye en un enemigo común y amenaza contra toda la humanidad. Es tiempo de sumar voluntades de todos los gobiernos del mundo para derrotar a la pandemia, y no para animar o desarrollar guerras que traerían más víctimas.

Como colombianos y colombianas debemos hacer eco del llamado realizado por el secretario de Naciones Unidas y exhortar al gobierno de Estados Unidos para que desista de toda operación militar en la región, y particularmente contra Venezuela, y en su lugar fortalezca las alianzas para enfrentar la crisis económica y social que se profundizará con la pandemia del COVID-19. Esto incluye el levantamiento de las sanciones económicas impuestas no solo a Venezuela, sino también a Cuba y permitirles el acceso a medicamentos, asistencia médica, alimentos y pruebas  tal y como lo expreso la CEPAL hace pocos días.

Estas acciones son un deber ético, un deber de humanidad para salvar las vidas de los pueblos hermanos de nuestra América. Escuchemos las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas cuando nos dice que “necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo.”

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