El mayor compromiso será la erradicación de cultivos de coca en demostración de voluntad política -y sin mención alguna a la corresponsabilidad del consumo-, sabiendo que no es posible mediante la sustitución, ofrecer en el corto plazo soluciones sostenibles y rentables a las comunidades ya que tampoco es viable alterar el fenómeno de las rentas exponenciales que debilitan al estado mientras llegan las apuestas de salud y educación y estado; o proveer incentivos no monetarios que afecten la cultura mediante nuevos referentes diferentes a la riqueza en territorios sujetos a disputa criminal.
El gran aplazamiento sigue siendo el fortalecimiento del estado, por eso la erradicación no resuelve la dinámica de la guerra fallida contra las drogas que según el nobel de economía Milton Friedman, ha instrumentalizado a los estados en “favorecedores” de los carteles de la droga y sus rentas, desgastando los aparatos de justicia y policía y compitiéndole a un estado ausente o que camina lento.
En cuanto al terrorismo, nadie niega que graduar de nuevo peor enemigo al Eln y al gobierno en crisis de Maduro sirven para encontrarle un sentido de acción al gobierno y capturar un liderazgo regional, pero revelan una ausencia de visión de estado más ambiciosa que se creía superada tras el proceso de paz y que solo encuentra en la vecindad con Venezuela y el ser aliado militar y político de los Estados Unidos, un factor estratégico para buscar un espacio en la agenda que ningún otro país en la región podría ocupar y que ahora consiste en liderar el aislamiento de Maduro y ser gestor visible de esa solución, lo que está bien pero resulta insuficiente para lo que podríamos soñar los colombianos.
Frente a los temas de paz, si bien Duque en reunión con la presidenta de la Cámara, -la demócrata Nancy Pelosi- resaltó su compromiso con los desmovilizados buscando consentir la agenda bilateral de demócratas y republicanos, el proyecto de Ley del Plan de Desarrollo, transmite lo contrario.
Aunque la paz no era una preocupación del programa de gobierno, su disminución presupuestal -que es como se expresa la voluntad política-, tiene más los visos de una venganza institucional con menoscabo a un tema que debía darse por superado por componer el interés superior de un estado que buscaba entrar a la modernidad con otro discurso.
Pero al parecer esa “paz” y -no sus muertos que ha evitado-, duró el tiempo del proceso y fue mejor que el acuerdo, que incorporó a los desmovilizados a un estado hecho trizas -para que hicieran fila por meses para una cita a una EPS-, y a los disidentes los arrojó a las bandas criminales jalonados por las rentas exponenciales de la minería ilegal y el narcotráfico no resueltos, ante la incapacidad evidente de las instituciones.
Lo más cuestionable al presidente Santos no es que haya firmado la paz con las FARC sino que no la haya firmado con el presidente Uribe, dejando al Centro Democrático, sembrar la idea de que la paz fue asunto de un gobierno de turno saliente y no una apuesta a futuro del estado, para entonces retomar la idea de la “guerra y campaña permanentes” como elemento de gestión gubernamental. ¿Era inevitable esta consecuencia o fue siempre una guerra de vanidades?
Si algo debiéramos aprender de los Estados Unidos y de otros países es que los intereses de orden nacional como los de política exterior que permiten proyectar la vocación de una nación en el mundo, superan la rivalidad bipartidista y trabajan juntos en un mismo propósito– y eso debió ser la paz y no solo la desmovilización y no lo fue-, y por eso nuestro estado es tan débil como para pretender poner la agenda y de manera conforme también es cierto que un estado débil no hace lo que quiere sino lo que puede y a eso parece volvimos a acostumbrarnos.
En las guerras pierden los más débiles e indefensos y en esta nueva pelea pueden perder las víctimas y los desmovilizados cuyas metas, muchas ausentes y presupuestos también disminuidos en el Plan de Desarrollo, va a concentrar a los partidos de oposición en reclamar -cual pliego sindical-, lo que se pensaba debía tener una vocación de estado y no un capricho del gobierno de turno, en una confrontación ideológica local pensada en las elecciones regionales y sin visión futura de nación, apenas digna de republiquetas.
Hoy la agenda del gobierno honra más el espíritu de un partido sin definir un sello de liderazgo presidencial con anhelo de legado nacional, inaugurando en Colombia una gestión local no presidencialista sino partidista con asiento en el Senado, en parte porque Uribe sí está presente y el presidente Duque concentrado en un posicionamiento de canciller regional y comprometido a fumigar.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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