Esta segunda es una edificación de 4 pisos y está dividida en 5 apartamentos, por los que recibe un pago mensual de arriendo que oscila entre los 700 y 800 mil pesos, cada uno, según estableció Canal Capital, que entrevistó a la mujer en esa vivienda.
Pese a ello, Solano y otros vendedores ambulantes decidieron instaurar la acción de tutela contra la administración de Enrique Peñalosa porque no los dejan trabajar en el espacio público de Plaza Imperial, en Suba.
No obstante, añade el noticiero, el Distrito ha sido insistente en recordarles a los comerciantes ilegales que no pueden ejercer su trabajo en esos lugares y menos cuando no se encuentran en condición de vulnerabilidad, como es el caso de Solano.
Frente a esa situación, el Juzgado Segundo Civil de Bogotá le dio la razón a la Alcaldía Mayor, no solo en la acción interpuesta por Solano, sino en otras 300 tutelas que radicaron los comerciantes, en la que declaró “improcedente el amparo solicitado por los vendedores”.
Por su parte, Nadime Yaver, directora del Departamento Administrativo del Espacio Público, se pronunció sobre el caso de Solano y manifestó:
“Una de las personas que estaban vendiendo informalmente argumentó que se le había violado el debido proceso […]. Se encontró que tenía 2 bienes inmuebles y adicional a eso, desde 1990 viene cotizando en el Régimen Contributivo; entonces, vemos como la vulnerabilidad realmente no existe. A ella no se le está violando en ningún debido proceso y además tiene muchísimos más que un mínimo vital”.
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Durante la entrevista con el informativo, la vendedora explicó: “Obvio que tengo una casa, porque la he trabajado y la he luchado”.
Además, Solano agregó: “Si el señor alcalde y si el señor presidente tienen casa ¿por qué nosotros los pobres no tenemos derecho de tener una casa honesta con el trabajo de la calle? Esa casa la he adquirido con mi trabajo no le veo problema no podemos vivir de un ladrillo”.
De paso aseguró que no abandonará su trabajo en las ventas ambulantes —productos que comercializa en un vehículo particular— porque quiere terminar de pagarle la universidad a su hija.
Sin embargo, llama la atención que Solano, con ese nivel económico, no adquiera un local comercial para vender sus productos y se niegue a pagar los impuestos que la norma exige y que la mayoría de los colombianos paga.
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