Se trata del artículo 55 que, a juicio de la oposición, abre paso a la expropiación exprés de tierras que se utilizarían para la reforma agraria. Este fue aprobado gracias a una proposición de sustitución del que ya estaba en el borrador (y que no hablaba de expropiación) que fue presentada por la bancada del Pacto Histórico.

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La Cámara acogió el texto que plantea “mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria” y que detalla, una a una, las medidas que podría aplicar la Agencia Nacional de Tierras para hacer realidad ese cambio en la propiedad de los terrenos.

En el texto se especifica que “los predios deberán ser adquiridos por el precio base de venta definido en el avalúo comercial vigente al momento de la venta. El producto de la venta de estos bienes estará destinado a cancelar las deudas a cargo de la sociedad, respetando el proceso de liquidación, sus etapas y las prelaciones legales”.

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Pero, ¿qué sucede si quien registra como el dueño de ese terreno no quiere vender? En el texto se lee que “en aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la ANT adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF”.

El motivo de la polémica es que, tal como quedó consagrado en el proyecto, “cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar”.

En medio de las opciones que barajó el Legislativo, el artículo es moderado, en tanto no usa directamente el término de “expropiación” del que se había hablado al comienzo de la discusión. Su defensora, la representante Támara Argote, celebra que esa proposición ayuda a las campesinas y campesinos que han sido víctimas de la “desigualdad estructural en la distribución de tierras”.

En el debate final del PND, el senador conservador Efraín Cepeda advirtió que el tema se mantenía en el articulado que finalmente se aprobó:

Tanto él como la senadora Paloma Valencia, anunciaron que lo que procedería en el caso de que fuera así sería demandarlo ante la Corte Constitucional:

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