El próximo 20 de enero, las delegaciones del Gobierno y del Eln se encontrarán en un lugar de México aún no determinado, para iniciar la segunda ronda de negociaciones de la mesa de diálogos de paz. Según el último comunicado que emitieron las partes el pasado 12 de diciembre, al cierre del primer ciclo, hay dos temas centrales que ocuparán a los negociadores: el primer punto de la agenda pactada sobre la participación de la sociedad civil en este proceso de paz, y los alivios humanitarios a la población civil y a personas privadas de la libertad de esa guerrilla.
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No es fácil hacer proyecciones sobre una negociación de este tipo, pero lo sucedido en el primer ciclo da indicios de lo que pueden ser los avances para 2023. Gracias a que las partes decidieron retomar la agenda que se había acordado durante las negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos y a que las delegaciones encontraron muchos puntos en común, lograron lo que ellos llaman la “institucionalización de la mesa”, que no es otra cosa que las normas y reglas básicas para su funcionamiento futuro.
Y aunque suene secundario, acordar lo procedimental, esto permite avanzar en lo sustancial. Por ejemplo, era clave pactar un paquete de protocolos sobre cómo sortear las crisis, cómo manejar las comunicaciones, qué hacer en caso de ruptura, definir el rol de los países garantes y de los acompañantes e incluso sumar unos más. Fue importante también crear varias comisiones para avanzar en los temas. Además de las que se encargaron de los protocolos, se crearon tres: una que ajustó la agenda e incluyó el enfoque de género, étnico, ambiental y el de jóvenes; otra que se encarga de los alivios humanitarios, y una más de comunicaciones y pedagogía.
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En los primeros meses del año la mesa debe definir la médula espinal del proceso: el modelo de participación de la sociedad civil. Dependiendo de la forma acordada, se podrán desarrollar los siguientes puntos de la agenda.
En el punto 2, por ejemplo, se habla de cambios en la participación y representación del “pueblo” en el ejercicio democrático y que se revisará “la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social”. En el punto 3 se prevén “programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”. Y el punto 4 trata del reconocimiento de las víctimas y su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Hasta ahora no hay consensos sobre cómo sería esa participación de la sociedad civil con propuestas concretas para los otros tres puntos de la agenda y para los alivios humanitarios.
Lo que sí está claro es lo que no quieren que suceda. Las partes no quieren que la mesa se convierta en una especie de oficina de quejas y reclamos que esté dando respuestas constantes a situaciones de la guerra que sucede en Colombia. La mesa atenderá la situación humanitaria, pero debe dedicarse a negociar, a llegar a acuerdos.
Aun sin tener clara la forma, se sabe que esa participación debe darse en los territorios (no en la mesa), con agendas y temas que se resuelvan según la dinámica regional, pero con objetivos nacionales y en tiempos establecidos. La forma de aclarar el modelo es estableciendo el punto final de la negociación, de tal manera que la mesa y la participación de la sociedad se enfoquen en ese objetivo y no se desgasten en temas no sustanciales.
Además, la mesa recibirá visitas de sectores concretos, funcionarios del Estado, expertos e invitados internacionales que ayuden a dinamizar las discusiones. Hay dos invitaciones que ya están enviadas: una a organizaciones campesinas de base (que se reunieron a finales de 2022 en una inédita cumbre) y otra a Jorge González, director de Planeación Nacional, para articular las discusiones de la mesa con el Plan Nacional de Desarrollo.
Sobre los pilotos de alivios humanitarios, las comisiones creadas para ese tema ya están trabajando. Está prevista para los primeros días de enero una visita de delegados de la mesa al Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó) para conocer la situación de esas comunidades.
El reto de estos pilotos para que den resultados prontos y efectivos de desescalamiento del conflicto está en dos aspectos primordiales: la cambiante situación en esos territorios y la presencia de otros actores armados con los cuales el Gobierno ya inició contactos, pero no hay avances (Agc y disidencias de las Farc).
Es importante que la mesa concrete con celeridad esa ruta, que incluya veedores y verificadores en territorio, tal como lo explicó el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, en entrevista con Colombia+20, y así aplicarlo, con ajustes, en otras regiones del país.
No hay tiempos claros para alcanzar metas. Las delegaciones no quieren ponerse en una carrera contrarreloj. Tienen coincidencias: valoran lo avanzado en la administración Santos, le otorgan importancia a la participación de la sociedad civil y a satisfacer las necesidades de las víctimas, y concuerdan en el objetivo de llegar al final del conflicto armado. Pero tienen diferencias en cómo llegar allí. Ya es conocida, por ejemplo, la oposición de los jefes del Eln, ‘Antonio García’ y ‘Pablo Beltrán’, a la política de “paz total” del Gobierno.
Los delegados del Gobierno y del Eln no han descansado. Incluso esta última semana del año estaban desarrollando tareas que deberán presentar antes de encontrarse en México. Mientras tanto, el país sigue celebrando las fiestas de fin de año en medio de la tregua del Eln y con la esperanza de que 2023 sea el año en el que se empiecen a ver los primeros frutos de la “paz total”.
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