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El caso Odebrecht salió a flote nuevamente, casi diez años después de los sucesos y sigue dando de qué hablar. Esta vez, el implicado es Óscar Iván Zuluaga con unos audios rebelados por su mano derecha en 2014 Daniel García Ariazabaleta, donde el excandidato admitía saber del ingreso de dinero para su campaña.
Por un lado, las coimas y sobornos para hacerse a obras de infraestructura, punta en la que hay mayores avances de la justicia. Por el otro se encuentra la financiación ilegal de campañas presidenciales, un hecho que la Constitución prohíbe para los aportes de empresas extranjeras. Por hechos similares, en su momento fue investigado el expresidente Ernesto Samper durante el proceso 8.000. Recientemente, el hoy presidente Gustavo Petro resultó salpicado tras las revelaciones del embajador Armando Benedetti frente al supuesto ingreso de $15.000 millones.
El excandidato Zuluaga –a cuyas cuentas de campaña habrían ingresado 1,6 millones de dólares para contratar al publicista ‘Duda’ Mendoça–, deberá responder por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. El caso también salpica a su hijo David Zuluaga Martínez, quien fuera su gerente de campaña y a quien le imputarán fraude procesal.
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De acuerdo con el abogado César Augusto Vargas, especializado en derecho penal y criminología, aunque es prematuro determinar el monto de la pena a la que se enfrentarían, lo cierto es que el delito de fraude procesal implica una pena máxima de 8 años, mientras que el enriquecimiento ilícito 10 años.
El trámite más inmediato, explica el jurista, es la imputación, en la que le comunicarán los cargos. A partir de allí, según la estrategia que asuma su defensa, Zuluaga tiene dos caminos: “Puede llegar a un preacuerdo para revelar más detalles y aceptar cargos. Tendría un descuento punitivo de hasta el 50%. El otro escenario es que no acepte cargos y vaya a juicio”, un proceso que tardaría años y en el que podría terminar encarcelado de manera preventiva.
Frente a David Zuluaga la situación sería diferente: “Lo importante es determinar si tenía conocimiento de estos hechos. No se sabe qué cuentas le presentaron”.
En los audios revelados por Arizabaleta también hay mención a dos personajes clave en el panorama nacional: los entonces magistrados del CNE Alexander Vega y Carlos Camargo. En uno de los apartes Zuluaga dice que estuvo en el organismo electoral tratando de influir para archivar el caso: “Hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto hay que sacarlo en tablas, porque si no, se forma una crisis institucional ni la berraca’”.
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Lo anterior, en referencia a no condenar a Zuluaga ni a Santos. Incluso, se conoció que la propia Fiscalía notificó, en 2017, al entonces presidente del CNE, Alexander Vega, sobre las investigaciones. Ante las acusaciones, Vega negó “pacto o compromiso alguno sobre las decisiones”, al tiempo que defendió que sus actuaciones “siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente”. Lo propio hizo Camargo, quien declaró que “se realizaron más de 110 actuaciones administrativas” y que a Arizabaleta se le aplicó un cuestionario de 40 preguntas sin que dejara entrever lo que ahora afirma”.
No obstante, otra es la versión de quien fuera magistrado del CNE para la misma época, Armando Novoa. En diálogo con EL COLOMBIANO, el exmagistrado –quien fue recusado y no pudo participar en los procesos–, reclamó que en la corporación primó el “hagámonos pasito”.
Según Novoa, esa lógica del “tapen-tapen”, terminó afectando la democracia y la metodología empleada para investigar los casos se limitó a testimonios y citaciones a declarar “que no iban a conducir a nada (…) El CNE ignoró los informes que advertían la estructura de sobornos de Odebrecht”. Por ello, instó a cambiar la forma como son elegidos los magistrados para restar la influencia política.
Adicionalmente, señalando las piezas procesales y probatorias que se han ido conociendo, instó a que la Fiscalía también tome cartas en el asunto e investigue: “Si un magistrado de una corte invita a un pacto de impunidad es una conducta que raya con el Código Penal”. Esa tesis la corroboró el abogado César Vargas, quien dijo que el ente investigador, dado el material probatorio, podría vincular a los exmagistrados.
A su turno, la organización Transparencia por Colombia –que ha hecho seguimiento al caso y reprochó en su momento los escasos resultados–, cuestionó las presuntas irregularidades que rodearon su archivo. “Había por lo menos algunas pruebas asociadas a la rendición de cuentas de Zuluaga que ameritaban que se diera mayor investigación”, dijo a este diario Sandra Martínez, coordinadora de Programas de Política y Justicia.
Los ojos ahora están puestos en la Fiscalía y la investigación que lleve a cabo para tratar de desenredar el capítulo de la financiación a campañas electorales que también empañó Odebrecht en Colombia. Está por verse si el escándalo podría crecer y vincular a nuevos y más protagonistas. De hecho, este jueves está previsto que le imputen cargos a la exministra de Transporte de Santos, Cecilia Álvarez, sindicada de supuestamente autorizar millonarias adiciones al contrato de la Ruta del Sol.
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