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El rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora general Margarita Cabello aumenta. A pesar de que el jefe de Estado ha insistido en que el Ministerio Público no puede sancionar a funcionarios de elección popular, como alcaldes y congresistas, la jefa del ente de control decidió extender la sanción que le impuso al alcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez Cotes.
Según la procuradora Cabello, se cumplen los requisitos suficientes para prorrogar por tres meses la sanción contra el alcalde Bermúdez, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
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La decisión del ente de control se da por el vencimiento de la primera sanción, interpuesta en abril de este año. En esa ocasión, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, confirmó la decisión.
Ahora, la jefa del Ministerio Público alude a que la permanencia de Bermúdez Cotes en el cargo de alcalde podría posibilitar que él vuelva a recurrir en la presunta falta. “Mientras ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”, dice la Procuraduría.
Según el ente de control, la extensión de la sanción se da también porque, hasta el momento, no se han aportado pruebas que “que permitan desvirtuar los presupuestos procesales exigidos”. Lo que investiga la Procuraduría concretamente es si obras dentro de la ciudad fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, con un presupuesto superior a los $11.000 millones.
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La decisión del ente de control, aunque aseguran que fue tomada el pasado 26 de julio, se dio a conocer después del choque protagonizado por Margarita Cabello y Gustavo Petro este miércoles 27. El primer mandatario envió un largo escrito a la jefa del ente de control, exponiendo las razones por las que no acatará la decisión de la Procuraduría. Por su parte, la procuradora general pidió “que no se rompa la democracia”. Según lo dicho por la jefa del Ministerio Público, al no aplicar la sanción contra el alcalde José Ramiro Bermúdez, el jefe de Estado estaría “desconociendo es Estado Social de Derecho al incumplir una orden constitucional”.
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