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La Procuraduría decidió ponerle el ojo a las obras de mantenimiento de las estructuras físicas de los colegios públicos de la ciudad, luego que detectara presuntas anomalías en la contratación de los proyectos que demandaron $319.000 millones en vigencias futuras. El hecho se da em medio del pedido de informes a ICBF por casos de maltrato.
El Ministerio público adelantó investigación de los procesos de contratación y pudo establecer que, al parecer, se desconocieron los principios de la libre concurrencia y pluralidad de oferentes, dado que, en la mayoría de los casos, hay un único contratista invitado.
La Procuraduría también advirtió la falta de justificación que representa la contratación directa con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín para la gerencia de los proyectos y su posterior ejecución de obras, en lugar de realizarlo directamente el Distrito de Medellín, a través de la Secretaría de Educación.
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Ante estas posibles anomalías, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública le exigió a la Secretaría de Educación de Medellín, como responsable de la infraestructura educativa de la ciudad, y a la EDU, como ejecutor de esta iniciativa, a dar explicaciones sobre estas presuntas irregularidades.
Al Ministerio Público le preocupan los posibles riesgos en la gestión contractual asociados a la tercerización y subcontratación total del objeto del contrato interadministrativo, asumiendo el Distrito de Medellín un alto costo de intermediación para la ejecución del proyecto por parte de la EDU, de casi $20 mil millones, sin que se haya demostrado que esto ofrezca ventajas en cuanto al manejo de los recursos públicos.
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Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría Delegada le pidió a la Alcaldía, a la secretaría de Educación y a la EDU cumplir con los rigores de la contratación que garanticen los postulados de la libre competencia e hizo un llamado a la utilización de los Pliegos Tipo de conformidad con la normatividad o como buena práctica contractual en el proyecto.
Estas irregularidades que señala la Procuraduría se suman a las alertas publicadas por EL COLOMBIANO el pasado 11 de agosto en las que señala que a pesar de haberse cumplido un año desde que la Alcaldía recibió aval por parte del Concejo de Medellín para destinar vigencias futuras para intervenir los colegios de Medellín apenas empezaron arreglos en el 15% de las instituciones. Es decir, de 411 sedes educativas que tiene que intervenir la Alcaldía apenas empezó reparaciones en 69 de ellas y en la mayoría las obras avanzan con graves retrasos y con serias inconsistencias. La situación se presenta luego del reciente caso de extorsión a estudiante.
Por ejemplo, entre las denuncias los rectores y comunidad educativa advierten que existen varios presupuestos y que nadie les da razón de cuál es el presupuesto real asignado a sus instituciones.
También hay serios reparos en cuanto al procedimientos de los contratistas. Según advirtió el candidato al Concejo, Juan José Largo, hay situaciones sumamente anómalas. Por ejemplo, las mismas cuadrillas de obreros se están rotando de un colegio a otro, picando aquí y allá todos los días, lo que explica por qué el avance en muchas instituciones es prácticamente nulo. Esto, a pesar de que cada institución debería tener su propia cuadrilla de trabajadores pues esto está incluido en cada presupuesto. Para colmo, ni la EDU ni la secretaría de Educación ni la Alcaldía han permitido hacer una veeduría seria pues las mismas comunidades educativas denuncian falta de transparencia en la información.
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