Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Ago 25, 2026 - 8:10 pm
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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el exministro de Minas y Energía, Edwin Palma Vega; el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Elmer Felipe Durán, y dos exagentes especiales vinculados directamente a la intervención de Air-e, la compañía responsable del suministro de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Esta acción se origina a partir de un informe preventivo presentado por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, donde se expondrían posibles irregularidades y omisiones que habrían ocasionado el creciente deterioro financiero y operativo de la empresa a lo largo de los diferentes períodos de control estatal.

En el caso de Edwin Palma Vega, quien también ejerció como agente especial para la empresa, la indagación identificó supuestos incumplimientos asociados al traslado de recursos para alumbrado público, demoras en reportes obligatorios ante el Sistema Único de Información (SUI), la empresa de servicios energéticos XM y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Además, la Procuraduría le cuestionó no haber corregido irregularidades en la facturación, las cuales se arrastraban de administraciones anteriores, contribuyendo así a la crisis financiera de Air-e.

Entre los hallazgos más alarmantes, el informe detalla el drástico aumento de la deuda que Air-e mantiene con las empresas generadoras de energía. De acuerdo con la información consultada, la obligación pasó de COP 833.000 millones en febrero de 2025 a COP 2,23 billones en diciembre del mismo año, reflejando un incremento mayor a COP 1,3 billones durante la etapa de intervención. También se registró un aumento en las pérdidas técnicas y no técnicas de energía, que pasaron del 29,37% al 31,20%, y el cambio de un patrimonio neto positivo a cifras negativas bajo la administración estatal.

El informe de la Procuraduría advierte presuntos fraudes cometidos por contratistas, sin evidencia de medidas correctivas, y la presencia de pasivos ambientales pendientes en doce líneas de alta tensión. También detectó la notificación ante la CREG de activos por alrededor de COP 21.000 millones, que según la revisión, no corresponderían a la realidad de Air-e.

La investigación sobre Elmer Felipe Durán se concentra en su gestión y supervisión de la intervención, así como en la carencia de un plan estructurado para la recuperación empresarial y en la gestión de la creciente deuda con los generadores. Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, ex agentes especiales, deben responder por bajo cumplimiento de inversiones e indicadores, falta de permisos ambientales y la casi total inejecución del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) 2021, con 68 de 70 proyectos abandonados y una ejecución de apenas el 5,4% en planes de inversión.

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¿Cuáles son las presuntas irregularidades que investiga la Procuraduría en el caso Air-e?

La Procuraduría investiga posibles incumplimientos en la gestión de recursos públicos, omisiones en reportes obligatorios ante entidades reguladoras, prácticas de facturación irregulares, incremento desmedido de la deuda con generadores de energía, abandono de proyectos de normalización de redes eléctricas, deficiente ejecución de inversiones y presuntos fraudes de contratistas sin correctivos, así como reportes inexactos de activos y pasivos ambientales pendientes.

¿Qué significa la intervención estatal de una empresa y cómo afectó a Air-e según el informe?

La intervención estatal implica que autoridades gubernamentales asumen el control de la administración de una empresa para corregir fallas significativas o proteger servicios esenciales. En el caso de Air-e, el informe señala que la administración bajo intervención estatal coincidió con un empeoramiento de las finanzas, aumento de deudas, incremento en pérdidas de energía, disminución del patrimonio y ejecución deficiente de los planes de inversión.


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