La Cancillería de Colombia confirmó este martes, en respuesta a un derecho de petición presentado por la senadora Angélica Lozano, que el nuevo modelo de expedición de pasaportes no estará listo para el primero de septiembre de 2025, fecha en la que vence el contrato con el actual operador, Thomas Greg & Sons.
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La revelación, que expone la falta de un acuerdo con Portugal, la ausencia de una planta de producción nacional habilitada y la carencia de presupuesto para garantizar la continuidad del servicio hasta 2030, ha encendido las alarmas sobre una posible interrupción en la emisión de este documento esencial.
La senadora Lozano calificó la situación como “gravísima”, advirtiendo sobre el riesgo de una crisis institucional que podría dejar a millones de colombianos sin pasaportes, afectando su derecho a viajar, estudiar o reunirse con sus familias.
En su respuesta oficial, la Cancillería admitió que no podrá cumplir con el cronograma anunciado para implementar el nuevo modelo de pasaportes, haciendo inviable su entrada en operación el primero de septiembre.
Entre los obstáculos, destaca la falta de un acuerdo firmado con la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, aliado clave para el proyecto, así como la ausencia de un cronograma definido para formalizar términos, derechos y obligaciones.
Incluso si el acuerdo se firmara, la entidad portuguesa requeriría 35 semanas para iniciar la operación, lo que retrasaría el proceso hasta bien entrado 2026.
Para evitar una interrupción total del servicio, la Cancillería prepara una declaración de “urgencia manifiesta” para extender el contrato con Thomas Greg & Sons, aunque los detalles del nuevo acuerdo aún están en desarrollo.
Sacar el pasaporte en Colombia se puede complicar
La expiración del contrato actual el 31 de agosto de 2025, sin una alternativa operativa o jurídica consolidada, pone en riesgo la emisión de pasaportes, un documento vital para millones de ciudadanos dentro y fuera del país.
La senadora Lozano señaló la gravedad del escenario: “No estamos hablando de un trámite administrativo, sino del documento que permite a los colombianos viajar, estudiar o reunirse con sus familias. Si el Estado no garantiza su expedición, está vulnerando un derecho fundamental”.
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