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Un nuevo capítulo de los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello arrancará en el Congreso. El representante a la Cámara, Pedro José Suárez, del Pacto Histórico, radicará proyecto de ley para impedir que los funcionarios elegidos por voto popular (alcaldes, gobernadores, ediles, concejales, etc.) sean destituidos o inhabilitados por el Ministerio Público.
“El proyecto de ley pretende armonizar la constitución política con la Convención Americana de Derechos Humanos”, dice el comunicado de prensa del congresista. En su propuesta, asegura que se centrarán en garantizar los derechos políticos de los funcionarios que solo pueden ser suspendidos o limitados por sentencia judicial, y no por facultades de la Procuraduría.
(Vea también: Presidencia le notificó a la Procuraduría que no ejecutará suspensión de alcalde)
Esa ha sido la discusión entre el presidente y la procuradora desde que el Jefe de Estado se ha negado en varias ocasiones a cumplir con las órdenes del Ministerio Público. El caso más reciente fue el 27 de julio pasado, cuando Petro le remitió un documento de 24 páginas a Cabello y controvirtió su decisión. Esta misma discusión ya la habían tenido en mayo de este año, cuando esa entidad ordenó investigar y suspender varios congresistas del Pacto Histórico.
Lo que dice la Casa de Nariño es que la Procuraduría desconoce las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que un funcionario elegido por voto popular no puede perder sus derechos políticos por cuenta de una autoridad administrativa. Incluso, el propio presidente Petro fue cobijado por una decisión de esta naturaleza. Eso, justamente, es lo que pretenden dejar en firme en el legislativo.
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