Más allá de las palabras del presidente Gustavo Petro y de Luis Carlos Leal Rojas, su superintendente de salud (las superintendencias son entidades adscritas a la Presidencia de la República) para explicar en un solo coro y justificar la intervención a las EPS Sanitas y Nueva EPS, la situación ha producido otro tipo de mensajes que se interpretan con estupor dentro del país y en el exterior.
(Le interesa: Petro advierte a EPS luego de hundimiento de reforma a la salud y anuncia futuro “golpe”)
El hecho de que la intervención de Sanitas se produjera la víspera del último debate a la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y la intervención de la Nueva EPS ocurriera el mismo día de ese debate que finalmente hundió la iniciativa presidencial habla de que el presiente Petro ya está llevando a cabo, de facto, a la brava, su reforma, y que así puede proceder en otros aspectos de la vida nacional.
Y lo hace sin considerar, como en otros ámbitos (prefiere la democracia directa apelando a sacar a sus seguidores a la calle y desecha la democracia representativa que vive en el Congreso), el Estado de Derecho, sistema propio de las sociedades democráticas en el que prevalece, por mandato constitucional, la separación de poderes, uno de cuyos fines es precisamente evitar el uso arbitrario del poder.
Con estas dos intervenciones se dieron por notificadas las demás EPS del país, empezando por Capital Salud, en Bogotá, por la que el alcalde Carlos Fernando Galán ya lanzó una voz de alerta y pidió a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que estén al tanto para que no corra la misma suerte. En el Valle del Cauca también hay alarma en una EPS de ese departamento.
El temor no es por la simple intervención, sino porque en los últimos 25 años no ha habido una sola EPS que haya sido intervenida por el gobierno de turno y que se hubiera recuperado. Llegar a esa condición es como cuando los condenados a la pena capital entran al ‘callejón de la muerte’, pues lo que sigue después es la liquidación. El mensaje es claro y reedita la animosidad que tenía por las EPS la exministra de Salud Carolina Corcho.
Con el nombramiento de interventores sin mayor experiencia (en Sanitas quedó a cargo Duver Dicson Vargas, cuyo currículo incluye el haber sido interventor especial del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar y subgerente administrativo de los hospitales de Villavicencio y de San José del Guaviare), el mandatario les da municiones a sus detractores cuando afirman que toma decisiones basado en revanchismos y en sesgos ideológicos antes que en consideraciones netamente técnicas.
Expertos han coincidido en que para manejar semejantes monstruos (Sanitas con casi seis millones de usuarios y Nueva EPS con más de 10 millones) se necesitan perfiles muy especializados debido a la complejidad de sus funciones. Incluso, hasta los ‘headhunters’ (dedicados a buscar talentos) se ven a gatas para encontrarlos. El mensaje del presidente es que no importa y que así seguirá copando muchos cargos del Estado, desdeñando a los tecnócratas y privilegiando a los activistas.
La situación de la compañía Keralty (propietaria de Sanitas) en Colombia, que califica la intervención del Gobierno como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, pone en guardia a las empresas del exterior, pues su caso ya tiene repercusiones internacionales. Con su intervención, el presidente Petro anunció a los inversionistas extranjeros (claves en la economía del país) que puede cambiar las reglas del juego de un momento a otro. Eso no le preocupa y, quizá, hasta lo desea.
Ministro de Salud habla de constituyente
Finalmente, en el debate que hundió la reforma a la salud se dio una suerte de intercambio de discursos entre los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El ministro de la política (Velasco) habló como si estuviera a cargo de la cartera de salud, y Jaramillo habló como si estuviera haciendo política.
“Señores, si hoy toman la decisión de sacar el debate o no permitir que el debate llegue a plenaria, no se va a superar la crisis. La crisis ahí está, y hay que encontrarle una salida”, dijo Velasco en la Comisión Séptima. “Probablemente no fue la [reforma a la salud] que nosotros presentamos; o probablemente la que nosotros presentamos le faltaba complemento; o probablemente la que nosotros presentamos no tuvimos el tacto político de saberla vender; o probablemente no tuvimos el tacto político de integrar a todas las personas”.
Jaramillo, en cambio, trascendió el ámbito de su competencia, y habló de política, como activista. “Yo siempre he querido un sistema presidencialista, porque si lo tuviéramos hoy, deberíamos entonces ir nuevamente a unas elecciones para saber si las reformas de la salud, de la pensión, las reformas laborales…, todas las reformas que necesita el país, y que las pidieron el pueblo en las pasadas elecciones, se hacen o no se hacen”.
“Cualquiera que sea. No tenemos problema”, agregó Jaramillo, en un intento por dejar a salvo su imagen de demócrata. Pero después soltó la intención, el propósito, que está detrás de todo esto, incluso por encima de las mismas reformas: “Por eso estamos en un proceso constituyente. Estamos de acuerdo con eso. ¿A dónde más podemos ir? A un proceso constituyente”.
Así, Jaramillo resumió el mensaje global que está enviando el Gobierno: algunos de sus funcionarios claves, más allá de las tareas que les corresponden, están empeñados a fondo para sacar adelante una constituyente, no apelando a los caminos institucionales (la Constitución manda que se debe presentar esa iniciativa al Congreso para que sea debatida y aprobada allí), sino a un conjunto de mecanismos que engloban en el eufemístico “proceso constituyente”.
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