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Hace poco más de un año, el 12 de agosto de 2024, José Derian Vélez Montoya, un hombre de 55 años oriundo de Turbo, fue asesinado en un violento ataque perpetrado desde una motocicleta mientras transitaba por la calle 101 con carrera 46A, en el barrio Santa Cruz, al nororiente de Medellín. En este mismo suceso, otra persona resultó herida, poniendo en evidencia el persistente clima de inseguridad e impunidad que afecta a la región, según lo revelado en el artículo original y reportes judiciales locales.
La justicia colombiana recientemente decidió privar de la libertad a los presuntos responsables: Edwin Ermilson Sánchez García —conocido como alias Murdok— y Miguel Ángel Otálvaro Moreno. Se presume que Sánchez García disparó contra Vélez Montoya y posteriormente arremetió contra un transeúnte que presenció el crimen, mientras que Otálvaro Moreno condujo la motocicleta utilizada en el ataque. A ambos se les imputa homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, según los informes judiciales citados en la investigación.
Este caso adquiere relevancia adicional al exponer una modalidad delictiva frecuente: los homicidios ejecutados desde motocicletas, tal como lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que reportan para 2024 un aumento de asesinatos bajo este método en Medellín. Este fenómeno se asocia con la facilidad de movimiento y escape que otorgan las motocicletas en contextos urbanos densamente poblados, facilitando al mismo tiempo la evasión policial y la continuidad de prácticas criminales organizadas.
La captura de Sánchez García en el mismo sector del crimen, en posesión de un arma calibre 9 milímetros, varios proveedores y una suma significativa de dinero cuyo origen no fue explicado, fue resultado de las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Judicial (Sijín). Esto refuerza la hipótesis de que el homicidio formaba parte de una operatividad criminal mayor vinculada al tráfico de armas y actividades ilícitas en la ciudad, según la Fiscalía General de la Nación e informes recolectados en 2025.
Analistas de seguridad y expertos en criminología han interpretado la reemergencia de estos delitos en Medellín como parte de una transformación de los esquemas criminales, luego de la desarticulación de estructuras paramilitares y el surgimiento de nuevas bandas. Un reportaje de El Espectador (2025) advierte que, a pesar de las reducciones históricas en la tasa de homicidios, la ciudad actualmente enfrenta desafíos renovados en materia de seguridad, caracterizados por la fragmentación entre grupos armados y la insuficiencia de respuestas institucionales para contener la escalada violenta.
El proceso judicial en curso evidencia además la complejidad del sistema penal colombiano, donde la negativa de los procesados a aceptar los cargos pone de manifiesto dificultades estructurales: desde demoras en la cadena de custodia de evidencias hasta las vacilaciones en la aplicación de justicia efectiva. No obstante, la acción coordinada del CTI y la Fiscalía representa un avance relevante y una señal de fortalecimiento institucional en la búsqueda de justicia y reparación.
El asesinato de Vélez Montoya provocó, además, un impacto significativo en la comunidad de Santa Cruz. Estudios como el realizado por la Universidad de Antioquia (2024) apuntan que hechos de este tipo acentúan el temor social, estimulan el desplazamiento interno y erosionan la confianza en las autoridades, dificultando la vida cotidiana y la cohesión social en barrios vulnerables.
Frente a este escenario, expertos e informes internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sugieren abordar el reto de la seguridad urbana con estrategias multidimensionales, que incluyan tanto intervenciones policiales y judiciales eficaces como esfuerzos sostenidos de prevención social, fortalecimiento comunitario y reinserción de poblaciones en riesgo. Solo la combinación efectiva de todas estas herramientas podría frenar el avance de dinámicas criminales en transformación.
En síntesis, el caso de José Derian Vélez Montoya, junto a la respuesta judicial frente a este crimen, ilustra las complejas realidades de la seguridad urbana en Medellín y subraya la urgencia de soluciones integrales que garanticen justicia y estabilidad para la ciudadanía. La consolidación de esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios es el camino para enfrentar la actual mutación del crimen organizado y construir una ciudad más segura.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué implica el porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares en Colombia?
La acusación de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares significa que los procesados portaban armas de fuego cuyo uso está restringido exclusivamente a las fuerzas armadas oficiales del Estado, como fusiles o pistolas de alto calibre. El Código Penal colombiano establece sanciones agravadas para estos casos, precisamente por el grave potencial de daño que representan y la relación directa con actividades criminales organizadas, según lo indica la Fiscalía General de la Nación en sus informes.
Este delito suele vincularse a estructuras armadas ilegales o redes del crimen organizado, que emplean este tipo de armamento tanto para intimidar a sus víctimas como para enfrentar a las autoridades. Su proliferación constituye uno de los retos más serios para el control estatal sobre la seguridad pública y el monopolio legítimo de la fuerza.
¿Cómo afecta la violencia urbana a la vida cotidiana y la economía regional?
La violencia urbana, como la representada por el homicidio de José Derian Vélez Montoya, impacta profundamente la calidad de vida de las comunidades afectadas. Según estudios de la Universidad de Antioquia, estas situaciones generan temor, reducen la participación en actividades comunitarias y fomentan el aislamiento social, afectando especialmente a jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Además, el miedo y la inseguridad limitan la movilidad en los barrios y condicionan la interacción vecinal.
En términos económicos, la violencia desincentiva la inversión local, conduce al cierre de negocios y puede incrementar los costos de operación por la necesidad de mayores medidas de seguridad. A largo plazo, esto afecta negativamente el desarrollo de la zona, reduciendo las oportunidades laborales y acentuando desigualdades. Informes internacionales, como los de la UNODC, recomiendan conjugar esfuerzos sociales, económicos y de seguridad para contrarrestar estos efectos devastadores y recuperar la confianza ciudadana.
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