El anuncio del beneficio a los militares lo hizo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien precisó que en la lista hay integrantes de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La solicitud la hizo Villegas al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal cuya conformación está en proceso para juzgar los crímenes de los miembros de la guerrilla relacionados con el conflicto.
Los uniformados obtendrán un beneficio de libertad condicional, pues seguirán vinculados a los casos por los que los investigan, según publicó Caracol Radio.
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En la lista no hay oficiales, suboficales, soldados o agentes procesados por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, como los mal llamados falsos positivos.
El presidente Santos afirmó por su parte que con esta petición cumple la promesa hecha a los miembros de las fuerzas armadas al asegurarles que su tratamiento judicial tras el acuerdo de paz firmado con las Farc en noviembre será “diferenciado”.
No podemos equiparar a las Fuerzas Armadas colombianas, dueñas de la legitimidad, con la acción de una guerrilla totalmente al margen de la ley”,
destacó el mandatario en un encuentro con más 150 generales de las Fuerzas Militares y de Policía.
Por su parte, el comandante de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, destacó que la Justicia Especial para la Paz (JEP) supondrá que los integrantes de la fuerza pública tengan derecho a los mismos beneficios jurídicos que reciban los integrantes de las Farc, pero dentro de un tratamiento “diferenciado”.
Asimismo, el general destacó que los miembros del Ejército y la policía actuaron dentro del marco de la legalidad durante el conflicto, que se prolongó por más de cinco décadas en el país.
El pasado lunes, la plenaria del Senado de Colombia aprobó la JEP, considerada la columna vertebral del pacto con las Farc.
Esta legislación especial de paz investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros.
Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.
Asimismo, para los agentes del Estado serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.
La JEP también contempla la creación de un sistema integral que estará compuesto por una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado.
A principios de este mes, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, señaló que la JEP, también conocida como justicia “transicional”, beneficiará a 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía privados de su libertad y a 3.800 más que podrían ser investigados.
Hemos tenido que navegar en medio de dos extremos, uno que quisiera ver a los miembros de la Fuerza Pública con castigos y condenas extremas y otro que quiere verlos sin ningún tipo de responsabilidad por los errores que puedan haber cometido durante el conflicto”,
agregó el responsable de las fuerzas armadas del país.
Con EFE
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