Esas manifestaciones desencadenaron una represión violenta en la que hubo disparos, enfrentamientos y 12 personas muertas. Esto hallaron dos años después.

Este viernes se cumplieron dos años desde las masivas protestas que se tomaron Bogotá por el homicidio del estudiante Javier Ordóñez, que resultaron en lo que investigadores han denominado una masacre. Sin embargo, las investigaciones a lo sucedido el 9 de septiembre de 2020 (9S) no han despegado y, en cambio, persisten muchos vacíos y silencios que solo hacen crecer las preocupaciones, según denunció la ONG Temblores en un informe.

En ‘Ni un minuto de silencio: 9S sin olvido’, la organización hace una cronología de las noches del 8, 9 y 10 de septiembre y la respuesta violenta de la Policía que dejó al menos a 12 personas muertas. Dos años más tarde, ha sido imposible para esta organización conocer quiénes en la Fuerza Pública dieron la orden de disparar a los manifestantes, a la vez que aumentan las denuncias de que algunas evidencias o documentación habría sido manipulada.

¿Se manipularon pruebas?

El informe se refiere, principalmente, a lo sucedido al norte de Bogotá, en Verbenal y Aures (Suba). Aunque con sus diferencias, en estas zonas la noche tuvo más o menos el mismo desarrollo: a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, grupos de vecinos se reunieron cerca a los CAI de sus barrios a protestar por el asesinato de Javier Ordóñez. Las manifestaciones fueron reprendidas con violencia y las calles de Bogotá se convirtieron en zona de guerra, pues según registros de la Personería, la Policía agredió a civiles con armas de fuego, palos y piedras.

En entrevistas con Temblores, “familiares y testigos denunciaron hostigamientos en el momento de auxiliar a las personas heridas, acceder a las historias clínicas y a los informes de necropsia, así como irregularidades en el levantamiento de los cuerpos”.

Tal es el caso de Cristian Hernández, un domiciliario de 26 años que recibió un disparo en Verbenal. Su familia denuncia que el levantamiento, que hizo el CTI, “ocurrió de forma muy rápida, no se hizo croquis e incluso que la cara de Cristian fue chuzada y desfigurada por parte de esta institución”.

Además, Temblores halló inconsistencias en la información que les entregaron la SIJIN de la Policía y el CTI de la Fiscalía, las dos entidades que tienen funciones de policía judicial y que, en casos como este, hacen los levantamientos de los cuerpos. Por ejemplo, porque en 2021 la SIJIN había reportado que hizo los levantamientos de cinco personas la noche del 9S. Cuando le hicieron la misma pregunta este año, contestó que no había hecho ni uno. Y, según registros del CTI, sus colegas de la Policía hicieron el levantamiento de cuatro cuerpos.

Ahí no paran las inconsistencias. Usualmente, Medicina Legal lleva los registros de “presunto autor” en los casos de muertes violentas. Pero en el informe, Temblores denuncia:

“Preocupa que en los datos de Medicina Legal no aparezca ningún asesinato cometido presuntamente por la Policía Nacional en el mes de septiembre (además de Javier Ordoñez), a pesar de que hay múltiples videos en los que se ha documentado que la Policía disparó y asesinó a manifestantes durante esas noches”.

Asimismo, hay otro hecho que preocupa a Temblores de una manipulación de evidencias de lo que sucedió esa noche. “El 10 de septiembre, algunas personas denunciaron que las calles donde había sucedido la tragedia amanecieron limpias, no había rastro de los casquillos, ni de las marcas que había dejado el dolor vivido la noche anterior”, asegura el documento. De hecho, recogen declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá en ese entonces, Hugo Acero, quien reconoció que dio la orden de limpiar las calles para “garantizar la operación regular de la ciudad”.

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Las dudas sobre la cadena de mando del 9S

Según Temblores, una forma para llegar a los responsables y llevarlos ante la justicia sería conocer quiénes estuvieron al frente de las operaciones en los sectores donde hubo violencia y muertes. Pero esto no ha sido posible pasados dos años. Al comienzo, las autoridades le contestaron a la organización que era importante tener en cuenta los cambios que hubo en la comandancia de la Policía en Bogotá por esos días, dado que dos comandantes dieron positivo para COVID-19 consecutivamente y tuvieron que aislarse.

No obstante, como recogió la Relatoría para el esclarecimiento del 9S, informe independiente que ordenó la Alcaldía de Bogotá y que financió el PNUD, en la práctica los cambios en la cúpula poco afectan a los policías de a pie, a los agentes que están en las calles. Con eso en mente, Temblores pidió un documento muy específico: las actas del puesto de mando unificado que estableció la Policía las noches del 8, 9 y 10 de septiembre de 2020. “La respuesta que recibimos de la Policía fue que no había antecedentes de dichas actas, argumentando que las órdenes se dieron de forma radial, entre otras razones”, denuncia el informe.

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Sin embargo, sí hay indicios de que hubo órdenes de dudosa legalidad, como una que denunció la Relatoría: al parecer, a los agentes les ordenaron quitarse las chaquetas para que no fueran identificados. “De esta manera, así como no existe acta de las órdenes emitidas durante la Masacre del 9S, sí hay certeza por distintas fuentes de que hubo una orden para dificultar la transparencia del accionar de la Policía, lo cual tendrá serias implicaciones en el momento de acceder a la justicia y de garantizar no repetición”, añade el informe de Temblores.

¿Y las investigaciones?

Temblores también preguntó a las autoridades por las investigaciones que han emprendido para esclarecer lo sucedido el 9S. El panorama es muy oscuro, porque las respuestas que recibieron son contradictorias, los entes judiciales se escudan en la reserva de los procesos y, en un caso, ni siquiera les contestaron.

“Las respuestas demuestran una vez más las enormes trabas y dificultades que tienen las víctimas y sus círculos cercanos para acceder a la justicia y a que se les garanticen condiciones de no repetición y no revictimización”, asegura el informe.

Por ejemplo, la Procuraduría les contestó en marzo de 2021 que había abierto 8 investigaciones por abusos de la Fuerza Pública en hechos de septiembre de 2020. Sin embargo, un año más tarde, la misma entidad contestó que ya tenía 27 investigaciones abiertas. Lo que llama la atención de temblores es que tres de esos procesos tienen que ver con el homicidio de Javier Ordóñez y solo tres de los ocho expedientes que les habían citado un año antes, seguían abiertos. Los demás estaban inactivos. “Los 19 restantes no tienen que ver directamente con la Masacre del 9S o no es posible saberlo, porque cuentan con reserva sumarial”, añadieron.

En la Fiscalía les fue peor. Según Temblores, esta entidad se negó a darles información. “No dijo cuántos procesos fueron abiertos, cuántos fueron remitidos a la Justicia Penal Militar, ni cuántos se quedaron en la Jurisdicción Ordinaria. Además, se negó a dar información sobre los levantamientos de cuerpos realizados por el CTI del 8 al 12 de septiembre de 2020 en Bogotá”, denunciaron. Solo días más tarde, cuando la Secretaría de Seguridad de Bogotá remitió uno de los interrogantes de la oenegé al búnker, contestaron que los casos relacionados con “las protestas en el mes de septiembre de 2020, se encuentran en cabeza de la Fiscalía sin remisión a otra entidad”.

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