Forst, cuyo mandato concluye el próximo 1 de mayo, expuso sus conclusiones destacando que “los que están en mayor riesgo son los líderes sociales que defienden los derechos humanos en áreas rurales, en particular de aquellos que aplican el acuerdo de paz y defienden los derechos medioambientales, la tierra y los pueblos indígenas y afrocolombianos”.
El relator insistió en que el alto número de asesinatos de activistas, la impunidad que impera, y la estigmatización y criminalización de éstos son los tres rasgos más inquietantes de la situación que pudo observar durante una misión oficial que realizó a fines de 2018 a Colombia.
Forst afirmó que entre 2016 y 2019, los asesinatos de defensores de derechos humanos han superado los registrados en países como Brasil y México, donde los datos ya son alarmantes. Según él, entre 324 y 486 activistas –según distintas fuentes- fueron asesinados entre el acuerdo de paz, en 2016, y junio de 2019.
Forst aseguró que entre 2015 y 2018 se registraron al menos 115 incidentes, “que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial”. Los líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, en particular, padecen “presiones de empresas nacionales e internacionales que explotan los recursos naturales en sus territorios”, o cuando se oponen a los intereses de actores armados ilegales, agregó.
En cuanto a los altos niveles de impunidad, el relator mencionó los 302 casos de defensores asesinados que han sido documentados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de los cuales “solo el 11 % han sido clarificados, mientras que en el 89 % restante no se ha establecido la responsabilidad”. De estos últimos, en más de la mitad de casos las investigaciones han registrado algún progreso.
Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas “sufren violaciones y abusos de sus derechos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos”, dijo. Las agresiones ocurren cuando elevan su voz “frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales”, agregó.
El delegado hizo un llamamiento para que se priorice en la aplicación del acuerdo de paz la parte relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos y pidió que en esta tarea participe activamente la sociedad civil.
Forst hizo hincapié durante su presentación en las críticas más serias al Estado colombiano que contiene su informe y que han disgustado al Ejecutivo, que lo ha acusado de inexactitudes y de falta de rigor en las cifras que utiliza.
La embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza confirmó este malestar, en particular cuando explicó –tras la presentación de Forst- que las discrepancias del gobierno se deben a la necesidad “de contrastar cifras, verificar información con fuentes oficiales y fundamentar aseveraciones con datos comprobables”.
Sin embargo, una segunda misión, que no pudo llevarse a cabo por complicaciones para el ingreso del relator al país, tenía el propósito de actualizar los datos del informe que debía presentar en la primera sesión de 2020 del Consejo de Derechos humanos, una cuestión que el relator prefirió no abordar en su intervención.
Mendoza transmitió de forma implícita la decepción de su gobierno por las conclusiones de Forst. “Esperábamos que la apertura del gobierno diera la oportunidad al relator de identificar en el terreno los enormes desafíos que enfrenta el Estado”, comentó.
También recalcó que los homicidios se han producido en zonas con cultivos ilícitos y que son corredores del narcotráfico, así como en lugares donde hay explotación ilegal de yacimientos mineros y presencia de grupos armados organizados. “Las agresiones ocurren en 66 municipios del país, lo que corresponde al 5 % del territorio nacional”, aseguró la diplomática para ponderar lo expuesto por Forst.
Por otro lado, la Cancillería comentó que “las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales” son “afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”.
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