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Por cuenta de la seguidilla de escándalos y hechos de corrupción que tienen en vilo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este miércoles el presidente Gustavo Petro anunció una reestructuración de la entidad.
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A través de su cuenta en X (antes Twitter), el jefe de Estado reclamó que la Unidad “sufre de una corrupción estructural” que ha sido forjada durante años: “Una vez toda la información se pase a la justicia, la entidad será reestructurada”, manifestó Petro.
Por otro lado, hizo una mención indirecta a exfuncionarios de su gobierno como Olmedo López o Sneyder Pinilla, a quienes calificó como integrantes de una “banda” que continuó con la corrupción estructural: “La banda que entró en mi Gobierno se puso en la tarea de continuarla y la pusimos fuera”.
La UNGRD sufre de una corrupción estructural forjada durante años. La banda que entró en mi gobierno se puso en la tarea de continuarla y la pusimos fuera.
Una vez toda la información se pase a la justicia la entidad será reestructurada. https://t.co/RpXEz5VA2Z
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2024
Previamente, tras analizar la contratación de los últimos cuatro años en la Unidad, la Contraloría General de la República advirtió por presuntas irregularidades en contratos ejecutados en obras para desastres, calamidades y otras circunstancias, por cerca de $ 5 billones.
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Entre otras, el organismo analizó contratos entre 2021 y 2024 sobre suministros de carrotanques, los contratos del programa ‘Hambre Cero’, la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministro de maquinaria amarilla.
En el caso particular de los carrotanques, la entidad alertó por un incremento del 700 % para la contratación del 2024 por más de $ 37.500 millones. Esta contratación se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá. Detrás se habría orquestado un presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación.
“Llama la atención que la contratación de la Ungrd esté focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público”, sostuvo la Contraloría, que indicó que se perdieron recursos por el orden de $ 80.000 millones en la sola contratación de carrotanques.
Además, el ente advirtió por fallas en 31 contratos durante 2023 destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Los contratos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres, y Olmedo López, director de la Unidad. “Estos 31 contratos, valorados en $ 131.812 millones, fueron otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel”.
Además, la Contraloría advirtió por un incremento del 160 % en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023 –pasando de aproximadamente $ 88.000 millones durante 2022 a cerca de $ 227.000 millones–. Por ello, alertó por un presunto detrimento patrimonial por posibles irregularidades como dobles pagos o maquinaria no utilizada. A esto se suma “la desconcertante concentración” de recursos adjudicados a una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $ 21.000 millones entre 2021 y 2024.
Finalmente, el organismo llamó la atención por una “sorprendente concentración” de la ejecución de obras para la mitigación de riesgos en Santander durante los últimos cinco años, alcanzando un 29.78 % del total nacional. “Destaca el contrato actualmente en ejecución por la Unión Temporal Conexión Carrizal, con un valor de $ 185.439 millones, en una zona previamente intervenida por la Ungrd por los mismos riesgos”.
Por este tipo de hechos, la Contraloría precisó que compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la Nación debido a delitos contra la administración pública; y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.
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