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Este sábado 31 de agosto, en la Sala de Audiencias del Complejo Judicial de Paloquemao, se reanudó la audiencia de medida de aseguramiento que definirá si Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘el Pastuso’, serán enviados a prisión o a un centro de reclusión militar. Este proceso ha capturado la atención nacional debido al presunto entramado de corrupción que se apoderó de millonarios contratos destinados al suministro de agua en La Guajira y a obras de mitigación en varios departamentos, incluyendo Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca.
La audiencia, que se lleva bajo la conducción del juez 35 de control de garantías de Bogotá, Sidulfo Hernández Toro, involucra a altos funcionarios del Gobierno.
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La Fiscalía General de la Nación, en la audiencia anterior, imputó a los acusados cinco delitos graves: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Según la fiscalía, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en complicidad con otros altos funcionarios y el contratista Luis Eduardo López Rosero, habrían desviado recursos públicos para pagar sobornos a políticos influyentes, incluyendo a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, bajo la dirección de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
En audiencias anteriores, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen chats de WhatsApp, testimonios y documentos que detallan cómo los acusados habrían redirigido contratos millonarios a favor de empresas y aliados políticos en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Los abogados defensores, entre ellos los hermanos Luis y Gustavo Moreno, han manifestado no oponerse a la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía y han pedido que sus clientes sean recluidos en una guarnición militar debido a amenazas contra sus vidas.
Siga aquí la audiencia y el análisis jurídico con los abogados penalistas invitados:
En este caso se ha denunciado la desaparición de 63 cajas con documentos clave de la UNGRD, lo que refuerza la solicitud de la Fiscalía para que los acusados sean enviados a prisión preventiva, argumentando el riesgo de destrucción de pruebas y la gravedad de los delitos imputados.
El abogado defensor solicitó a la Fiscalía salvaguardar los elementos probatorios como cajas de archivo, discos duros y demás elementos que se habrían perdido.
Además de la gravedad de los cargos, en este caso se han mencionado altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la exconsejera de las Regiones, Sandra Ortiz, quienes habrían estado involucrados en la red de corrupción, según las declaraciones de los acusados.
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En chat revelador por el ente acusador entre Sneyder Pinilla, el ministro Ricardo Bonilla, Alejandra Benavides, asesora de MinHacienda ministro, y Jaime Ramírez Cobo, enlace entre el DAPRE y el Congreso, se hablan de contratos que superaban los $ 92.000 millones.
Olmedo López, en su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que la UNGRD entregó contratos por 46.000 millones de pesos en el municipio de Cotorra, Córdoba, con el objetivo de comprar congresistas.
La Fiscalía señaló que, frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, está cuantificado en $ 5.276 millones de pesos, dinero que se habrían apropiado los exdirectivos de la UNGRD. La Fiscalía afirmó que los exdirectivos de la UNGRD pagaron sobornos al expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, por instrucciones de Carlos Ramón González, cuando era director del DAPRE, por intermedio de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.
«Usted, señor Olmedo López, dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a Congresistas. Coordinó con Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) en los cuales estaban interesados indebidamente los Senadores y Representantes integrantes de la comisión tercera de hacienda y crédito público, Julio Elías Chagüi, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muño y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Bonilla»: Fiscalía
Por la gravedad de los delitos catalogados por la Fiscal como el “Acuerdo Criminal”, solicitó cárcel para los investigados, las penas pueden ir hasta 9 años de cárcel.
Respecto al contratista Luis Eduardo López Rosero, la fiscal señaló que controla más de 30 empresas, entre esta cinco empresas que fueron utilizadas para la contratación en la UNGRD, bajo la modalidad de adquisición y asistencia humanitaria de emergencia por declaratoria de desastre nacional y decretos de calamidad pública, Luis Eduardo López, conocido como el «pastuso» se habría apropiado de 7.821 millones. Incrementaba los valores de las cotizaciones con el fin de pagar las coimas a los funcionarios. Al contratista le fueron adjudicados 21 contratos por valor de $228.844 millones.
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Para el abogado Bernate, la gravedad del escándalo y la información sensible en poder de los testigos, son méritos suficientes para que la prisión preventiva se cumpla en una guarnición militar
Las fiscales destacadas para el caso de la UNGRD
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento estuvo a cargo de María Cristina Patiño González, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abogada externadista quien tiene amplia experiencia en la academia como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y en la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó como magistrada auxiliar durante nueve años. La imputación de cargos la realizó la fiscal 79 especializadas de la dirección contra la corrupción, Andrea Muñoz, encargada del caso de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD) para La Guajira, quien también investigó en su momento el caso de la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TICS.
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