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Una preocupante situación se presenta en la urbanización Lorenzo Morales Epata II, ubicada en zona sur de la ciudad de Valledupar, donde según lo manifestado por el administrador del lugar más de 300 propietarios de los apartamentos se encuentra en mora, con el pago mensual de la administración, lo que podría causar el embargo de la propiedad.
De acuerdo con Didier Mejía, administrador de las torres Lorenzo Morales Etapa II, la urbanización está conformada por 560 apartamentos, de los cuales tan solo 250 estarían siendo habitados por sus propietarios de origen, mientras que 310 habrían sido arrendados, los mismos que hoy presentan mora en el pago mensual de la administración en la urbanización.
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“Lo que buscamos es evitar que a estos propietarios, el apartamento les sea reportado en mora y les llegue a su casa carta de embargo, para esto puede acercarse al oficina que se encuentra dentro del conjunto Lorenzo Morales, y podamos hacer un acuerdo de pago para que no vayan a resultar afectados por la administración, porque por medio de la Ley 675 de Propiedad Horizontal, ya podemos ser embargados”, sostuvo Mejía.
Entre los servicios que son suplidos con el pago mensual se encuentran servicios de energía a la hidrobomba, sistema que suministra el servicio de agua en la urbanización, más de 200 millones a la empresa Afinia y al servicio de vigilancia por varios meses, valor que oscila los $5 millones.
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El administrador del conjunto cerrado explicó que: “Lo que hemos recaudado de las personas que siempre están al día, lo hemos destinando para ir pagando la vigilancia, dado que tenemos una deuda con ellos, la cual está conformada por cinco vigilantes, dos que realizan labores en el día, dos en por la noche y uno que es el turnero. Entre otras cosas que salen, muy poco para cancelar el sueldo del administrador”, señaló Mejía.
Los 560 apartamentos que conforman la urbanización Lorenzo Morales Etapa II fueron entregados gratuitamente por el Ministerio de Vivienda, en el año 2014 en Valledupar, donde fueron reubicadas familias que se encontraban en la zona de alto riesgo del río Guatapurí.
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Estas edificaciones en el momento que fueron entregadas por el Gobierno Nacional, debían ser obligatoriamente habitadas por los beneficiarios, luego de aproximadamente 10 años podían ser arrendadas o puesta en venta, sin embargo mediante la Ley 2079 emitida por los entes gubernamentales el tiempo fue modificado a tan solo 5 años.
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“Cuando sale esta Ley ya nosotros en 5 años podíamos vender, con la cual ya vamos para 10 años, lo que quiere decir que nosotros ya no pertenecemos a Fonvisocial ni al Ministerio de Vivienda, sino que somos ente territorial”, indicó administrador.
Asimismo hizo un llamado a la administración municipal para que tomen las acciones necesarias ante la situación que se genera dentro de la urbanización donde, según Mejía, existen apartamentos con deudas de hasta $10 millones, entre servicios domiciliarios de agua, luz y gas natural, lo que puede conllevar al embargo total de inmueble.
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“Estamos pasando por una crisis económica por el no pago de lo que le corresponde a los copropietarios de pagar administración, somos pocos los que estamos al día y muchos los que no han cumplido este compromiso. Lo que hace que el conjunto esté en crisis, nos preocupa que vayamos a salir afectados, dado que la deuda es millonaria. Pedimos a los que no cancelan que se pongan la mano en corazón y saquemos adelante el conjunto”, manifestó José Guillermo Díaz, copropietario.
Por su parte uno de los habitantes deudores expresó que por falta de empleo y dificultades de salud no ha podido pagar la administración, pero que, “están de acuerdo con lo ejecutado por la administración, dado que hay que ser conscientes que no se puede afectar a los demás”.
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Finalmente, el administrador de la urbanización afirmó que otras de las formas con la que se busca salvar los apartamentos, es que sean comprados por la constructora que realizó el proyecto.
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Un embargo es una medida cautelar que se utiliza en Colombia cuando existe un riesgo de que el deudor no pueda responder por sus obligaciones económicas.
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Esta medida se utiliza para garantizar el pago de una deuda o para proteger los derechos de un acreedor. Si el deudor no cumple con sus obligaciones, el embargo permite al acreedor tomar posesión de los bienes del deudor para cubrir la deuda.
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En Colombia, algunos bienes no pueden ser embargados así el propietario tenga varias deudas pendientes en su vida crediticia, así lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia en un fallo referido al tema.
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