La decisión de quitarle la curul al parlamentario liberal la tomó el Consejo de Estado al encontrarlo directamente responsable de ordenar el pago del salario a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso, aunque no ejercía las tareas que le asignaron a su cargo, indicó CM&.
El alto tribunal determinó que el marzo de 2018 el representante Estupiñán “nombró al sobrino de quien fuera su gerente de campaña como asistente de su unidad de trabajo, al parecer, como pago por favores políticos recibidos”, detalló el medio.
Alexander Mena Quiñonez fue la persona que recibió el salario y el congresista “propició voluntariamente la aplicación diferente de los dineros públicos”, dice el fallo, citado por W Radio, en el que también se lee que:
“Distorsionó la finalidad prevista para los mismos, pues con su aquiescencia se hicieron pagos de salarios y emolumentos injustificados sin que, mediara justa causa en su comportamiento, con lo cual privilegió el interés particular en contravía del interés general, cual es, la defensa del patrimonio público”.
Mena Quiñonez fue enviado como asistente a Tumaco sin que se le asignaran labores específicas y tampoco cumplió sus tareas en el Congreso, en Bogotá, puntualiza el informativo.
No obstante, como es una decisión de primera instancia, Estupiñán puede apelarla ante la Sala Plena del Consejo de Estado; pero si queda en firme, no podrá aspirar nuevamente a cargos de elección popular y la curul la asumirá Rafael Escrucería.
El congresista ya se pronunció anunciando que en su defensa presentará nuevas pruebas que, según él, demuestran que no desvió recursos públicos, le dijo a Blu Radio:
“Demostraré que actué dentro de la legalidad, que fue un acto de buena fe, que se hizo todo respetando la norma y haciendo mi cumplimiento de mis funciones como congresista”.
Cabe recordar que este no es el primer lío del representante liberal, pues en mayo de 2019 la Procuraduría lo suspendió por tres meses, pues los demás miembros de su UTL lo demandaron porque les exigía dinero.
En ese momento, el Ministerio Público encontró que el representante nombraba sus funcionarios y les permitía que se quedaran en sus regiones de origen sin prestar “sus servicios a la actividad legislativa para la que fueron vinculados”.
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