A los debates que soporta en el Congreso el proyecto de reforma a la justicia, que, según el ministro de esa cartera, Néstor Osuna, busca “humanizar las cárceles”, se le sumó un agente externo que nadie esperaba y que tiene un peso específico en la vida política del país: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

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En un consejo de seguridad que se adelantó en la capital, la mandataria lo primero que hizo fue exigir que “el Gobierno Nacional les juegue limpio a las ciudades capitales. No es que diga que está deshacinando cárceles nacionales, pero no cuenta que lo ha hecho a expensas de no recibirnos los presos condenados incluso, o presos de alta peligrosidad que tenemos en URI [unidades de reacción inmediata] y en estaciones de Policía”.

López, sin embargo, admitió que el “método no se lo inventó este Gobierno, sino […] el gobierno anterior [de Iván Duque], que ha venido con este jueguito de decir que cumple la sentencia de la Corte Constitucional de deshacinar cárceles nacionales, pero la cumple a punta de incrementar el hacinamiento en URI y las estaciones de Policía”.

“Lo que queremos es que en este Gobierno eso pare. Esa deslealtad con las ciudades, los alcaldes y gobernadores pare”, insistió la alcaldesa, y después agradeció y respaldó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quizás el funcionario que más abiertamente se ha opuesto a varias de las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro relativas a la justicia.

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Según la alcaldesa, en los pronunciamientos que hizo Barbosa la semana pasada en la audiencia que citó el Congreso sobre el proyecto del Ministerio de Justicia que propone “humanizar las cárceles” quedó claro que “en la vida de verdad es sacar a los presos de las cárceles”.

“Resulta que no solo hacinan URI y estaciones (eso se viene haciendo desde el gobierno pasado y aparentemente sigue haciéndose); sino que, además, el otro método para cumplir el ‘deshacinamiento’ es sacar impunes delincuentes de las cárceles”, advirtió López, en este pronunciamiento que constituye un nuevo y grave desencuentro entre la administración distrital y el Gobierno Nacional de Petro.

“Bogotá se opone a ese excarcelamiento que propone el Ministerio de Justicia. Eso es impunidad, eso es injusticia, eso es incrementar los riesgos de hurto, incrementar los riesgos de atraco, incrementar los riesgos de acoso y violencia contra mujeres y niñas”, dijo López.

Después, hizo un llamado para que el Congreso de la República “hunda el proyecto que ha propuesto el Ministerio de Justicia”, pues, para ella, ese “es un proyecto de injusticia, ese es un proyecto de impunidad, ese es un proyecto de excarcelación masiva, a costa de la tranquilidad de los ciudadanos”.

Se sumó al fiscal Barbosa para pedirle a la Comisión Primera de la Cámara, por donde empezó ese debate, “que se niegue ese proyecto, y que, por el contrario, se le dé trámite y se retome la discusión del proyecto que ya tiene ponencia para primer debate, en el que proponemos hacer más centros de reclusión, mejor hechos, sin hacinamiento, con justicia restaurativa con las víctimas, y con segundas oportunidades para los victimarios”.

Para terminar, advirtió que, de aprobarse la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno, todos los esfuerzos de su administración por “reducir el hurto, reducir el atraco, desmontar estructuras criminales, terminarán siendo infructuosos si por un lado nosotros hacemos seguridad y justicia, y por otro lado, el Ministerio de Justicia hace injusticia, excarcelamiento e impunidad”.

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